

"El cotejo de las muestras de ADN, la medida de prueba que permite establecer con el grado más alto de certeza la vinculación filial, no solo ha permitido la identificación y la restitución de su identidad a víctimas del terrorismo de Estado, sino que, en el marco de esas investigaciones, se lograron revincular con sus familias a personas que habían sido inscriptas falsamente como hijos biológicos de quienes los criaron, en casos que no tenían relación con ese plan criminal", destacó el Ministerio Público Fiscal en su página oficial.
En ese sitio aseguraron que "tanto la jurisprudencia como la experiencia en la investigación y los trabajos científicos han dado cuenta de que la alteración de la identidad ha sido una práctica frecuente en nuestro país, coetánea al plan de la dictadura en la que, muchas veces, intervinieron idénticos actores del sistema de salud, como médicos/as y parteras".
En varios casos, agregaron, las investigaciones pudieron "vincular genéticamente a personas que se presentaron espontáneamente o que fueron convocados desde el sistema judicial o desde la CONADI para determinar si eran hijos o hijas de personas desaparecidas".
Aunque "también permitieron visualizar que el plan implementado por el terrorismo de Estado para trasladar de forma forzada niños/as de un grupo a otro de la población, quitándoles su identidad y su vínculo con su familia de origen, se vio facilitado por metodologías de alteración de la identidad que lo antecedieron".
En ese marco, fiscales.gob.ar publicó también que el titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE), Pablo Parenti, explicó que “la apropiación de hijos e hijas de desaparecidos tiene una especificidad innegable, en tanto fue llevada a cabo de manera organizada desde el propio estado criminal, en el marco del plan sistemático de represión ilegal".
Pero la inscripción de estos niños y niñas apropiados, aclaró Parenti, se realizó "aprovechando prácticas extendidas en nuestro país mediante las cuales miles de personas fueron inscriptas como hijas biológicas, utilizando para ello certificados de nacimiento falsos".
"La dimensión de este fenómeno hace mucho más difícil la tarea de encontrar a los hijos e hijas de desaparecidos porque hay una cantidad enorme de inscripciones irregulares y no pueden diferenciarse documentalmente cuáles corresponden al terrorismo de Estado y cuáles no, dado que los registros muestran características similares. Solo el estudio genético permite establecer si un caso corresponde o no al terrorismo de Estado", explicó el especialista.
Y señaló: "Es un problema desde el punto de vista de nuestro objetivo específico, genera, sin embargo, la posibilidad de que personas cuya identidad fue alterada sin relación con la apropiación de hijos o hijas de desaparecidos encuentren respuestas sobre sus orígenes luego de analizarse genéticamente”.
La UFICANTE, que contabilizó al menos diez casos con estas características en los que intervino, es la oficina especializada del Ministerio Público Fiscal (MPF) que actúa en estos casos en coordinación con las unidades fiscales especializadas y las fiscalías federales de diferentes jurisdicciones que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Su creación fue dispuesta mediante la Resolución PGN 435/2012 y luego fue incluida en la Ley 27.148, Orgánica del MPF.
Entre las funciones de esta unidad especializada, explicaron en el sitio del MPF, se encuentra la realización de investigaciones preliminares sobre presuntos hechos de apropiación durante el terrorismo de Estado.
"En efecto, en el marco de las investigaciones, y luego de reunirse indicios de sospecha contemplados en la Resolución PGN 398/12, que estableció el Protocolo de Actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, se solicitan los estudios de ADN, que se realizan en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)", detalló.
Además, en su sitio web, el organismo publicó: "Durante los primeros doce años de trabajo de la unidad fiscal se iniciaron 1.485 investigaciones preliminares. Una vez reunidos los elementos de sospecha, las investigaciones fueron remitidas a las distintas jurisdicciones para su prosecución. También se han realizado numerosas audiencias informativas con presuntas víctimas, tanto en la sede de la unidad fiscal como en distintas fiscalías del país, a efectos de ponerlas en conocimiento de la existencia de las investigaciones y explicarles sus derechos, entre ellos la posibilidad de realizarse análisis genéticos en el BNDG".
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también realiza investigaciones previas que, una vez reunidos los elementos necesarios, remite al sistema de justicia, a través de la UFICANTE. Funciona desde 1992 y su misión es "garantizar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña de las Naciones Unidas". También puede pedir peritajes genéticos al BNDG en casos en los que las presuntas víctimas decidieran voluntariamente realizarse el análisis.
Vale aclarar que, como señaló fiscales.gob.ar, "el archivo del BNDG se compone no solo de las muestras tomadas en el marco de investigaciones judiciales, sino por las muestras de ADN obtenidas a partir de presentaciones espontáneas de personas ante a la CONADI con dudas acerca de su identidad".
Además, "en el ámbito de esa comisión funciona el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, que tiene entre sus funciones convocar a las madres y familiares biológicos que buscan hijas e hijos nacidos en Argentina separados de su familia al nacer, independientemente de las fechas o circunstancias en que se haya producido el nacimiento", agregó el mimso sitio.
Sobre este tema, puntualizó que "la CONADI amplió sus alcances para atender la problemática de la búsqueda de identidad de origen biológico ligada a la circulación coactiva de niños y niñas, y a casos no vinculados a delitos de lesa humanidad", y detalló: "el ingreso de muestras de madres se inició en agosto de 2018 y hasta la fecha hay incorporadas 650 madres/padres/hermanos en el BNDG, aproximadamente".
"Las muestras que ingresan al BNDG con la hipótesis de estar frente a un delito de lesa humanidad se comparan con la información genética de los grupos familiares correspondientes a personas desaparecidas. El peritaje compara el perfil genético de la presunta víctima no solo con los perfiles de los grupos familiares de desaparecidos, sino también con muestras de otras personas con sospechas sobre su verdadera identidad (ya sea por haber ingresado espontáneamente o por orden judicial), y con aquellas pertenecientes a madres, padres, hermanos, que ingresaron al Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica", aclaró el Ministerio Público Fiscal.
También señaló que "varias investigaciones llevadas a cabo por la UFICANTE permitieron establecer vínculos biológicos entre personas por fuera del contexto del terrorismo de Estado".
"Son varios los casos en los que, luego del análisis de ADN, se pudo corroborar el vínculo genético entre personas que resultaron ser madres e hijos o hermanos entre sí que, por diversos motivos, fueron separados", explicó el organismo.
Además, explicó: "Una vez establecido este resultado, estas personas fueron informadas con el apoyo del Equipo interdisciplinario auxiliar de la CONADI".
Finalmente, presentó "una breve reseña" de algunos de esos casos: