La Justicia imputó al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio en la causa que lo señala como partícipe necesario en delitos de fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y cohecho, y en al menos uno de los cargos, como autor principal, según publicó Infobae.

El caso involucra un esquema millonario de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y expuso una red de “gestores truchos” que habrían permitido a infractores evadir sanciones a cambio de grandes comisiones, en perjuicio de las arcas públicas y empresas privadas.

La investigación, que comenzó en octubre de 2024, involucró allanamientos y secuestros de dinero, y derivó, en diciembre pasado, en la renuncia de D’Onofrio, que adujo “motivos personales”.

El caso tuvo su origen en una denuncia presentada por Leandro Camani, presidente de Secutrans, la empresa encargada de proveer el sistema de fotomultas en varios distritos bonaerenses.

Camani alertó sobre una merma significativa en la recaudación —estimada entre 4 y 10 millones de dólares mensuales— atribuida a una red de gestores que ofrecían “borrar” infracciones del sistema a cambio de pagos que oscilaban entre el 30 y el 50 por ciento del monto original. Esta maniobra, según la investigación, no solo afectó a Secutrans, sino también al erario público, ya que los fondos evadidos nunca ingresaban a las cuentas oficiales.

La Justicia apunta a una estructura organizada en la que D’Onofrio habría brindado protección política. Junto a él, otros nombres resonantes aparecen en el expediente: Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y pareja del exministro; Mario Quattrochi, juez de faltas de La Plata; y Facundo Asencio, jefe de la VTV.

La investigación, a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y el fiscal platense Álvaro Garganta, tomó un giro internacional al rastrear movimientos financieros que vinculan a los imputados con inversiones en la Costa del Sol. Documentos y testimonios sugieren que parte de las ganancias obtenidas del esquema ilegal habrían sido blanqueadas a través de sociedades offshore y bienes suntuosos, como una camioneta Audi Q8 valuada en 200 mil dólares que usaba Asencio.

En los últimos días, nuevos allanamientos —como el realizado el 8 de abril en una financiera trucha donde se secuestraron más de 250 mil dólares— reforzaron la hipótesis de una asociación ilícita bien aceitada. Los operativos, que incluyeron la sede del Ministerio de Transporte y propiedades ligadas a los acusados, también revelaron la existencia de una “peluquería” que, según el periodista Luis Gasulla, funcionaba como fachada para lavar dinero proveniente de las VTV y las fotomultas.

Finalmente, desde la defensa del exministro, parte del Frente Renovador, aún no hizo declaraciones públicas tras la imputación. Desde su entorno, sin embargo, se había insistido en diciembre en que “no existe ninguna imputación formal” y que las acusaciones eran “falsas”.