El Concejo Deliberante de La Plata aprobó este viernes por mayoría la sanción de una ordenanza que declaró de utilidad pública y sujeto de expropiación a los inmuebles que están ubicados en lo que será el nuevo empalme de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Al respecto, la concejal y presidenta de la Comisión de Planeamiento del cuerpo, Cintia Mansilla, destacó la iniciativa y el trabajo que viene realizando la Secretaría de Planeamiento a cargo de Sergio Resa. 

"El proyecto es correcto", indicó Mansilla, y explicó que no se está aprobando un plan de viviendas, sino que se está dando un paso para expropiar los terrenos. Además, señaló que "existe una necesidad de ordenar la ciudad", y negó que la solución sea "destruirles la casa y decirles que se quedan sin vivienda". También adelantó que está proyectado construir en el lugar "un mirador de seguridad".

Por su parte, el concejal del bloque UCR + Pro por la Ciudad Javier Mor Roig, cuyo espacio votó a favor, también resaltó "la posibilidad de mejorar la política habitacional de un sector de la ciudad", aunque lamentó que no haya pasado por la Comisión de Hacienda, "porque no se sabe ni cuánto ni cómo se va a gastar el dinero".

Del lado de La Libertad Avanza, cuyos cuatro integrantes votaron en contra, la concejal María Florencia Defeo señaló que aunque la ordenanza base no tiene demasiadas objeciones jurídicas para hacerle, se preguntó "qué pasa con el contexto".

"Nos parece precaria la información obtenida cuando estamos hablando de una expropiación. Estamos quitando arbitrariamente una propiedad sin un censo, si bien se informó que serán 15 familias las beneficiadas", cuestionó Defeo, y también criticó que la propuesta no haya pasado por la Comisión de Hacienda, "en ningún momento informan cuál es el presupuesto".

"Tenemos que prever estas cuestiones, pero para temprano es tarde, esto ya se tiene que hacer. Venimos trabajando de una manera sumamente desprolija. No somos quienes para decirle al propietario lo que tiene que hacer con su propiedad, si es de uso público se expropia, pero no tenemos la potestad de ordenar qué se debe hacer", agregó la concejal.

"Esos terrenos fueron usurpados, los que están viviendo allí usurparon los terrenos y no fueron ocupados, como se manifestó. La ocupación puede ser por diferentes motivos pero no sin la falta de permiso del propietario. Por eso, desde este bloque bajo ningún concepto vamos a permitir que al que comete un delito se lo premie", manifestó Defeo, y se preguntó "qué va a pasar con esas familias".

"La respuesta es que se va a firmar un convenio con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano para encontrarles una solución habitacional. Defendemos la propiedad privada y si esta debe ser indemnizada debe hacerse con precio justo, y a los que tomaron la tierra se los debe amparar, pero no se les debe dar una casa, que va a ser pagada con nuestros impuestos", concluyó la concejal.

En el mismo sentido, se expresó su par de bloque María Belén Muñoz, al cuestionar que no se haya hecho un censo y cuestionar el "apuro" para aprobar la iniciativa, además de advertir que el proyecto podría ser susceptible de una presentación judicial.

Finalmente, el concejal del Pro Nicolás Morzone fundamentó el voto afirmativo de su bloque porque "la obra pública genera trabajo y dinamismo", y negó que se esté "premiando" a los "usurpadores".

No obstante, pidió que el Ejecutivo "vaya a fondo contra los criminales" y abogó por el tratamiento de un protocolo contra las usurpaciones, un proyecto de su autoría.

Por su parte, el concejal Lucas Lascours (Pro) destacó la coherencia de su bloque, al recordar un proyecto similar votado durante la gestión de Julio Garro, y recordó que más allá del tiempo electoral apoyarán lo que consideren que está bien y cuestionarán lo que creen que está mal.

En tanto, Guillermo Bardón (La Libertad Avanza) recordó que AUBASA había dicho que el lugar en cuestión no era el más óptimo para hacer la bajada.