Con valores de los autos por las nubes y salarios por el piso, para muchos argentinos la única posibilidad de acceder a un cero kilómetro es a través de los famosos “planes de ahorro”, un mecanismo de financiamiento que las terminales tercerizan en los denominados “círculos de ahorro”.

Sin embargo, para miles de consumidores el sueño inicial se transforma en pesadilla cuando descubren que las palabras de los vendedores se desvanecen en el aire y aparecen las verdaderas reglas de juego: falta de unidades, demoras en las entregas, cambios de modelo forzados, demora en la devolución de fondos y costos administrativos astronómicos.

Según relevos efectuados por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, los círculos de ahorro se encuentran entre los servicios más denunciados. Las demoras en la entrega de los vehículos y en el reintegro de los fondos son la principal queja de los suscriptores, que en muchos casos deben recurrir a los tribunales para reclamar lo que les corresponde.

En esa situación se encuentra “Jeep Plan”, la comercializadora de la marca Jeep perteneciente al Grupo Stellantis que en Argentina comercializa mediante esta modalidad el Jeep Renegade y el Jeep Compass. Pese a la gran cantidad de reclamos y de denuncias que se acumulan, la multinacional que comercializa la marca de origen americano busca constantemente la forma de esquivar el reclamo de los suscriptores, que una y otra vez reciben evasivas a la hora de reclamar la entrega del vehículo o el reintegro de los fondos, lo que despierta enormes sospechas sobre los negocios financieros existentes en torno al ahorro de miles de argentinos que pagan las cuotas de los vehículos.

Los usuarios denuncian en foros de Facebook y otras redes sociales que las autoridades de Jeep Plan no dan explicaciones, cambian la dirección de la empresa para que reboten las cartas documento o simplemente desestiman los casos. Los señalados son Santiago Mateo, titular de Jeep Plan, y Ramiro de la Fuente, quien es el apoderado y a la vez ocupan cargos en la propia Stellantis Argentina.

En una situación parecida se encuentran otras terminales que también fueron denunciadas por la Defensoría del Pueblo bonaerense. Con estas demandas, responsabilizó a las empresas de configurar las siguientes infracciones contractuales y legales: armado y organización de una ficción jurídica en fraude de los intereses económicos de los consumidores adherentes a planes de ahorro, mala fe contractual, deslealtad en el mandato, fijación unilateral y abusiva de precios, trato discriminatorio e indigno, incumplimiento de los deberes de información, cobros indebidos, y abuso de posición dominante.

Ramiro de la Fuente

Además, reclamó que se establezcan que los sucesivos aumentos no puedan superar al Índice de Variación del Salario publicado por el INDEC; que se ordene judicialmente la libertad de cada adherente para contratar por su cuenta una cobertura de seguro de su confianza; y que se imponga una multa civil ejemplar por daño punitivo que disuada de seguir replicando las conductas fraudulentas.

“Las automotrices, a través de una ingeniería jurídica, generan una red de contratos para colocar en el mercado, a través de sus concesionarias y agentes, las unidades fabricadas, lo que les permite fijar el precio de la cuota de manera unilateral, arbitraria y muy por encima de los valores reales, percibiendo ganancias gracias a la mecánica contractual y la vulnerabilidad de los consumidores que, una vez que ingresan al sistema, quedan cautivos del mismo", sostuvo el titular de la Defensoría, Guido Lorenzino.

Es por eso que en la demanda también se solicitó que se fije un precio justo y equitativo para cada automóvil; se reintegren los montos percibidos indebidamente en cada caso; se reintegren los honorarios por administración del plan en contra de los intereses de los adherentes; se indemnice el daño material y moral ocasionado a cada adherente; y se aplique a toda devolución de dinero a los consumidores, con intereses a tasa activa.

“La Defensoría ya cuenta con más de 400 reclamos relacionados a los planes de ahorro. Es que desde 2018 el valor móvil de las unidades sobre el que se calculan las cuotas comenzó a sufrir aumentos sustanciales y discrecionales, sin ningún tipo de explicación ni información sobre estas subas. Esto no es un detalle menor, ya que el grupo empresario controla la producción y todos los precios de la cadena de distribución, lo que hace que se desnaturalice el sistema y lo convirtieron en prácticamente una trampa”, explicó Lorenzino