

Por: Gastón Landi
Días atrás se divulgó una noticia que trajo a escena varios interrogantes, y que circulaba en torno a la puesta en marcha de programas secretos de inteligencia para realizar, entre otras cosas, un seguimiento de la disidencia política.
Ese programa, según se pudo saber gracias al periodista Hugo Alconada Mon, es parte de un nuevo direccionamiento político interno que busca seguir de cerca a quienes interfieran o desvíen el mensaje político del gobierno nacional. Algo así como un "Observatorio" de aquello que no coincida con la propuesta discursiva que manejan desde la Casa Rosada.
El punto es que, luego de la circulación de la noticia, el propio gobierno sacó el Comunicado oficial N° 101, con el que niega rotundamente la existencia de un procedimiento de persecución política opositora, y asegura que la medida responde solo a una cuestión estratégica de nuestro país.
En primer lugar, el comunicado carece de cierta credibilidad, pues solo tiene un sentido lógico en cuanto a que apenas niega la noticia, con el argumento de que solo el ejecutivo puede acceder a dicha información y no los medios.
Pero lo interesante es que, si confirman que el organismo se encuentra en vías de reestructuración, esto genera la sospecha de que la ambición por la actividad secreta existe, y que ya se trabaja en ello.
En lo que va de la gestión de Javier Milei, el orden ascendente de la actividad secreta se ha incrementado rápidamente: a través del Decreto 614/2024 se disuelve el anterior formato de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) para reestructurar el organismo en la SIDE.
Este se organiza con una nueva serie de sectores que responden a la Secretaría como: el SERVICIO DE INTELIGENCIA ARGENTINO (SIA); la AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL (ASN); la AGENCIA FEDERAL DE CIBERSEGURIDAD (AFC) y la DIVISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS (DAI). Posteriormente, el gobierno, mediante el Decreto 656/2024, aprobó la asignación de fondos por un total de cien mil millones de pesos que pueden ser gastados a discreción y sin ningún tipo de control.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viene haciendo cambios en la estructura de inteligencia estadounidense, donde este año asignó a Tulsi Gabbard como directora de los organismos de inteligencia americana.
Fue motivo de grandes tensiones entre demócratas y republicanos, que consideran a la medida como totalmente imprudente e innecesaria y que, además, estaría representada por una persona considerada incompetente para el cargo por su pasado vinculado a distintos dictadores islámicos.
En Argentina, la controversia sobre la cuestión del espionaje sigue siendo una incógnita para develar cada vez que pasa un nuevo gobierno, y difícilmente podamos acceder al verdadero fin de estas entidades.
Sería tonto pensar que un organismo de inteligencia mostrara sus estrategias y procedimientos, pero sí hay algo que no sabemos: si realmente estamos conviviendo con una amenaza constante interna o externa.
El replanteo debe surgir teniendo en cuenta la evidente relación entre el enojo pronunciado desde el gobierno sobre los medios de comunicación y la intensidad por llevar adelante la actividad de la inteligencia nacional.
Es preocupante que la prisa por establecer un sistema de vigilancia con vastos poderes y fondos sin control aparente coincida con un período de fuerte tensión entre el ejecutivo y la prensa crítica, sugiriendo una posible intención de monitorear o influir en el discurso público. Esto aún resta definirse en el Congreso por tradición, pero todo indica que, al margen de eso, el embate del Estado no tiene reparos en cuanto a los tiempos legislativos.