Por: Gastón Landi

Tras varios años de proceso, la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina puso punto final a uno de los resonantes casos de corrupción que involucran a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El expediente sobre Vialidad se integra a un cúmulo de investigaciones que exponen la compleja trama entre la obra pública, el sector privado y la política. Esta causa tuvo su origen en noviembre de 2008, a partir de una denuncia presentada por legisladores nacionales, liderados por Elisa Carrió, que solicitaban la investigación de diversos delitos, incluida la sospecha de una asociación ilícita.

Aunque la denuncia inicial marcó el comienzo del proceso, la causa cobró un impulso considerable y las acusaciones se formalizaron a partir de 2016, con la asunción de un nuevo gobierno y la suma de nuevas presentaciones por parte de funcionarios. El juicio oral sobre esta causa finalmente dio inicio en mayo de 2019.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, aunque la absolvió del cargo de asociación ilícita. Esta condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. Finalmente, en junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los últimos recursos de la defensa, dejando la condena firme.

Por otra parte, el contexto no fue casual. La dimensión que tomó este hecho, más allá de que su resultado final es una decisión de la justicia, generó una incertidumbre en el análisis político.

Es que notablemente la decisión de los jueces se produce sobre dos escenarios importantes de la vida política de los bonaerenses: uno es la eventual candidatura de CFK a legisladora por la sección tercera, y otro, la trascendencia que tomó esta decisión.

Si bien la distancia para las próximas elecciones, que en este caso se darán en dos tiempos diferentes, el efecto se vio acrecentado en el oficialismo y, al mismo tiempo, la danza de nombres propios se aceleró fuertemente. Desde youtubers, candidatos sin representación y el común del mercado político hicieron una andanada de paseos por las redes y otros sitios postulándose como posibles competidores.

Puede que esa eventualidad sea simplemente estratégica, pero su tono fue disipando altibajos con el tiempo, como una suerte de amperímetro social necesario para el momento en el que la fractura política parece estar en todos lados.

En el caso de CFK, la disputa estaba dándose con el Gobernador de la provincia, quien tiempo atrás había lanzado su espacio político y producido el desdoblamiento de las elecciones. Hasta entonces, la confrontación entre esos sectores era a cielo abierto, hasta que los rumores de una posible condena de la expresidenta socavaron el ego de muchos y la idea de unidad se puso en juego nuevamente.

Afinado el lápiz de la agenda peronista, el oficialismo entró en silencio, al menos desde sus defensores más populares, lo que se vio con sorpresa por algunos. Pero quienes redoblaron la apuesta fueron algunos medios de comunicación, los cuales orientaron toda su programación a recordar fervientemente la famosa Causa Vialidad (entre otras).

Tiempo después, esos mismos oficiaron de cronómetro social, contando el tiempo diariamente en el que la Corte debía pronunciarse sobre la condena de CFK. Claramente, llegó el día en el que el hecho se produjo como deseaban: la condena fue emitida y la expresidenta condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Si bien no intento afirmar que alguien tuvo que ver en el resultado final de la sentencia, la dinámica que tomó este evento es inobjetable tanto por su velocidad, su marco discursivo, como por el final de esta historia política. La creencia o no en los hechos que incriminan a Cristina Fernández es una cuestión que compete exclusivamente a la justicia, pero desde el análisis político puede observarse como una necesidad repentina que tienen los gobiernos de poder sostenerse. Es decir que hoy lo conveniente ya no es la actividad política resolutoria, sino más bien un ring en donde solo interesan los problemas de los pesos pesados.

En este contexto, la exaltación de ciertas figuras o "luchas heroicas" —en este caso, gracias a la justicia— corre el riesgo de convertirse en una herramienta política para desviar la atención de los problemas cotidianos y urgentes que realmente atañen a la sociedad.