Dos casos protagonizados por juezas provinciales exponen con crudeza un dilema institucional que incomoda: la desigual reacción del sistema judicial frente a situaciones con aparentes similitudes en cuanto a la gravedad de los hechos.

Por un lado, la jueza Julieta Makintach, a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona que fue suspendida y enviada a juicio político en un trámite de "inusual rapidez" tras su presunta participación en la filmación del documental Justicia Divina -relativo al juicio del que era una de las cabezas-.

En el otro extremo, otro caso, más antiguo y con un expediente "mucho más voluminoso", permanece prácticamente estancado, pese a haberse iniciado formalmente el proceso de enjuiciamiento.

Tiene como protagonista a María Fernanda Guisande, jueza de Paz Letrado de Ayacucho, cuyo desempeño fue objeto de un severo dictamen por parte del Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, en julio de 2023.

En dicho informe se enumeraron 119 hechos irregulares, entre ellos "falsedad ideológica, firmas apócrifas en audiencias inexistentes, designación de familiares y personas sin competencia, violencia institucional hacia trabajadoras del juzgado, falta de contacto con personas con capacidad restringida, delegación de funciones esenciales sin respaldo legal, y el abandono de más de mil causas contravencionales".

Entre los hechos destacados en el dictamen del Procurador, también se incluyó el "maltrato laboral" y el "hostigamiento sostenido" hacia la secretaria del juzgado, con consecuencias que incluyeron licencias médicas y derivaciones por afectaciones a la salud.

No obstante, desde la denuncia del Procurador Julio Conte Grand realizada el 14 de julio del 2023, recién "hace unos días se integró el jurado con las designaciones que faltaban", le dijo una de las partes involucradas a Info Blanco Sobre Negro.

"También volvimos a presentar escrito pidiendo audiencia para que el jury asuma la competencia, pero aún está a despacho", agregó la fuente.

Mientras en el caso Makintach la denuncia se formalizó en menos de 72 horas, la jueza fue suspendida preventivamente por la Suprema Corte y el jury de enjuiciamiento fue convocado a las pocas semanas, en el expediente Guisande, pese a haberse iniciado formalmente el proceso de enjuiciamiento, "no ha habido impulso real alguno por parte del Procurador General".

"La causa permanece insólitamente demorada, sin explicaciones públicas, sin medidas preventivas, y con la magistrada aún en funciones", cuestionó el abogado.

Por ese motivo, desde algunos sectores del foro bonaerense comienzan a alzarse voces que, sin descalificar el proceder en el caso Makintach, reclaman con firmeza coherencia institucional.

"El accionar firme del Procurador y de la Suprema Corte en el caso Makintach fue un mensaje claro de que las instituciones pueden reaccionar frente a situaciones que comprometen la legalidad. Pero si eso no se aplica también cuando los hechos no tienen cobertura mediática, el mensaje se vuelve inconsistente", reflexiona un abogado de la zona, quien pide reserva de identidad.

Mientras tanto, en Ayacucho, el juzgado de Paz continúa funcionando con normalidad, bajo la misma titularidad. Ni el Colegio de Abogados de Dolores ni el Colegio de Abogados de la Provincia han emitido algún comunicado al respecto.

"No se trata de comparar personas, sino procedimientos. Si una causa con un hecho -tan simbólico como polémico- como la filmación de un documental pudo activar en cuestión de días todo el andamiaje institucional de control judicial, ¿por qué una investigación con más de un centenar de hechos graves se encuentra sin impulso, en una situación de inaceptable quietud institucional?", se preguntó uno de los abogados vinculados al caso.

De todas formas, fuentes judiciales afirman que, a pesar del tiempo transcurrido, aún está en condiciones de sustanciarse el jury con las garantías del caso. También se espera una eventual intervención de la Suprema Corte, como ocurrió en el caso Makintach. 

"Esto no es una caza de brujas, ni una cruzada contra nadie en particular. Es un pedido de igualdad. La justicia no puede actuar según el rating ni el alcance de la noticia. Debe actuar con criterios objetivos y homogéneos", concluyó un referente del fuero de Familia de la región.