El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a tres personas acusadas de amenazar al diputado nacional José Luis Espert, en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La causa se originó el pasado 17 de junio, a raíz de mensajes intimidatorios publicados en redes sociales que afectaban directamente la integridad del legislador.

A ese episodio se sumó un ataque vandálico en su domicilio particular, en San Isidro, donde un grupo de personas, a bordo de dos vehículos, arrojó restos de materia fecal en la entrada del garaje.

Ante estos hechos, el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, Secretaría N.º 2, de Juan Cruz Schillizzi, encomendó la investigación a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro de la PFA.

Los efectivos llevaron adelante tareas de análisis e inteligencia criminal que permitieron identificar diez domicilios vinculados a la causa, así como los dos automóviles involucrados en el ataque y a sus ocupantes.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas tres personas: dos mujeres —Eva, de 69 años, y Alesia, de 36— y un hombre, Alberto, de 33 años, todos de nacionalidad argentina.

La mujer de 36 años se desempeña como funcionaria en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y es identificada como militante activa de un espacio político. Además, se estableció que una de ellas estaba vinculada a uno de los vehículos utilizados en el hecho: un Renault Clio. Los allanamientos tuvieron lugar en Vicente López, Florida, Olivos, Quilmes y La Plata, y en los barrios porteños de Villa Urquiza y Saavedra.

Durante los procedimientos fueron incautados tres teléfonos celulares, una notebook, restos de materia fecal animal utilizados en el ataque, documentación de interés para la causa, planillas, soporte digital y el legajo funcional de una de las detenidas.

Además, quedaron bajo investigación dos vehículos involucrados en el hecho: un Renault Clio y una camioneta Chevrolet S10. Este último rodado pertenece a una empresa que figura como proveedora del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Quilmes. Los imputados quedaron a disposición de la Justicia.