El fideicomiso “Palmares Olavarría”, presentado como uno de los proyectos de urbanización más grandes en la historia de ese municipio con 892 lotes, se encuentra hoy bajo la lupa por posibles maniobras fraudulentas en la venta anticipada de terrenos y por el irregular proceso de aprobación durante los últimos días de la gestión del ex intendente Ezequiel Galli.

Entre los principales protagonistas del escándalo aparece el empresario local Lucas Ezequiel Torres, conocido en la ciudad por su participación en la caída y vaciamiento del histórico multimedios El Popular. Ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la escena en un entramado que expone conexiones políticas, negocios opacos y un esquema que podría perjudicar gravemente a compradores y vecinos de Olavarría.

La firma del convenio urbanístico que habilitó el desarrollo del fideicomiso “Los Palmares” se realizó el 24 de noviembre de 2023, tan solo dos semanas antes del cambio de gestión municipal. La velocidad de la operación y su proximidad al final del mandato de Galli levantaron sospechas. La fecha fue clave: en ese momento, la chacra 632, terreno donde se desarrollaría el loteo, no estaba incluida en la ampliación de áreas urbanas del Partido de Olavarría, convalidada por ordenanza en 2022.

Desde el inicio, el proyecto fue impulsado por dos titulares de Olavarría, los propietarios Lucas Torres y su suegro, Juan Gundel, que comenzaron a realizar preventas de lotes a través de la inmobiliaria Buscarini sin contar con la subdivisión aprobada. Esa irregularidad fue advertida semanas atrás por personal de la nueva gestión municipal, que atendió las consultas de compradores preocupados por la legalidad de sus operaciones.

A fines de 2023, el emprendimiento derivó en la creación del Fideicomiso “Palmares Olavarría”, integrado no solo por los compradores originales, sino también por nuevos miembros provenientes del Colegio de Martilleros de San Isidro, que nunca antes habían operado en Olavarría. La incorporación de actores externos con escasa trayectoria local sumó otro elemento de desconfianza al proceso, debido a que convalidaron el fideicomiso de manera posterior a la venta de lotes, generando una irregularidad que afecta a los compradores.

La habilitación de loteos en el Partido depende directamente de la aprobación del Municipio, que puede otorgarla mediante la firma de convenios y la posterior homologación en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). En el caso de “Los Palmares”, el expediente se encuentra en tratamiento del Concejo Deliberante luego de las observaciones realizadas por la actual gestión municipal.

Pero ese no es el primer escándalo vinculado a irregularidades en la venta de terrenos durante la gestión de Galli. En 2022, una investigación reveló que funcionarios municipales y allegados al jefe comunal participaron de un entramado organizado para constituir la venta ilegal de terrenos. El mecanismo benefició a allegados políticos y empresarios vinculados a Ezequiel Galli que a partir de maniobras fraudulentas utilizaban información de la Dirección de Catastro para vender terrenos de manera irregular.

La repetición de esquemas similares en el caso “Los Palmares” refuerza la sospecha de que se trata de una práctica que nuevamente vuelve a involucrar al ex intendente, que en los últimos años de su gestión mantuvo una relación muy cercana con el polémico empresario Lucas Torres. Ambos compartieron encuentros y reuniones, incluso con el ex candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta durante una visita a la ciudad de Olavarría.  

No es la primera vez que Lucas Torres queda en el centro de una operación con derivaciones judiciales y políticas. Su nombre estuvo vinculado a la caída de El Popular, el histórico diario y multimedio que terminó en un proceso de quiebra y vaciamiento con alrededor de 40 trabajadores que hasta el momento esperan tener una respuesta. Según periodistas y ex empleados de El Popular, Torres mostraba una relación asidua con Galli y de apoyo periodístico a la gestión del ex intendente.

Ahora, en “Los Palmares” se lo señala por liderar una maniobra que combina venta de terrenos en condiciones irregulares, utilización de vínculos políticos para acelerar convenios y la entrada de operadores externos sin experiencia local.

El caso “Los Palmares” no solo expone una posible estafa con consecuencias económicas para vecinos y vecinas, sino que también pone en evidencia el uso discrecional del en favor de intereses particulares durante la gestión del ex intendente Galli. La firma del convenio en los días finales de su gestión, el aval municipal pese a las restricciones normativas, y la falta de control sobre las preventas, son elementos que requieren una investigación del Concejo Deliberante y en el ámbito judicial para arrojar algo de transparencia en ese oscuro capítulo que podría comenzara develarse.