La Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños y niñas durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) informa que luego de un examen de ADN realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos se logró la restitución de la identidad del hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, apropiado durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

La investigación, iniciada a partir de información anónima recibida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, se desarrolló en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y contó con la colaboración de la UFICANTE.

Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en la ciudad de Cutral Có, Neuquén, donde Raúl trabajaba como chofer en una empresa constructora y Graciela era ama de casa. Al momento de su secuestro, Graciela tenía 24 años y Raúl, 23, y militaban en el PRT-ERP. Tenían una hija de poco más de un año, Adriana, y Graciela cursaba un embarazo de cinco meses. Tras el secuestro, la pareja fue llevada al centro clandestino de detención (CCD) “La Escuelita” de Neuquén, para luego ser trasladada al CCD homónimo de la ciudad de Bahía Blanca, de la que era oriunda.

Allí, la pareja compartió cautiverio con la sobreviviente Alicia Partnoy, a quien Graciela relató las condiciones de su detención, cautiverio y tortura en Neuquén y su posterior traslado a Bahía Blanca. Según los distintos testimonios brindados por Partnoy, un mes antes del parto, Graciela fue reubicada en una casilla rodante localizada en el patio del centro clandestino, donde su embarazo era seguido de forma cotidiana.

Durante la noche del 16 de abril de 1977, Graciela comenzó con contracciones, por lo que los guardias le pidieron a Partnoy que calentara agua y lavara una fuente para ubicar al niño. La madrugada del 17 de abril, Graciela dio a luz a un varón en esa casilla. De acuerdo al testimonio de Partnoy, el médico no estaba disponible, por lo que los guardias asistieron el parto.

Días después, Partnoy coincidió con Graciela en el baño, quien le ratificó que había tenido un varón. Entre el 22 y el 23 de abril, Graciela habría sido trasladada. Posteriormente, Partnoy intentó averiguar el destino del niño: los guardias le dijeron que sería llevado o “adoptado” por uno de los interrogadores o torturadores. Luego, pudo saberse a través del testimonio de uno de aquellos que el niño había sido llevado al V Cuerpo del Ejército, a donde fue “un mayor desde Buenos Aires a buscarlo”.

La hermana del niño, Adriana Metz Romero, se incorporó a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y encabezó la búsqueda luego del fallecimiento de sus abuelos Oscar Metz y Elisa Kaiser, quienes la habían precedido en la tarea realizando numerosas gestiones para dar con el paradero de su nieto.

La sustracción del bebé y los hechos que damnificaron a sus padres ya habían sido probados judicialmente entre 2012 y 2017, en el marco de las causas N° 982, caratulada “BAYÓN, Juan Manuel y otros s/privación ilegal de la libertad agravada…” (caso 89), N° 1067, caratulada “STRICKER, Carlos Andrés y otros s/privación ilegal de la libertad agravada…” y FBB 93000001/2012/TO1 y acumulada (FBB 15000005/2007/TO3), caratulada “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/ privación ilegal de la libertad (art.144 Bis inc. 1) (Lesa Humanidad)”, todas ellas del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca. Allí intervino la Oficina de Derechos Humanos de la jurisdicción en representación del MPF y fueron condenados varios miembros de las fuerzas armadas que revistaron en el Cuerpo V del Ejército.

Por su parte, el 17 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral Federal de Neuquén, en el marco de la causa conocida como “Escuelita VIII”, condenó a dos exfuncionarios judiciales por su responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de la embarazada Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz.

En abril del pasado, la CONADI se contactó con esa persona a fin de brindarle información recabada durante la investigación que no permitía descartar la posibilidad de que fuese hijo de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura militar. En esa instancia, accedió a concurrir al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y dejar su muestra de ADN para su cotejo con los grupos familiares que buscan a sus parientes apropiados.

El pasado viernes, el BNDG comunicó el resultado de ADN y la CONADI le informó al hombre que su perfil genético coincidía con el de la familia Romero- Metz. También fueron informados los familiares de sus progenitores desaparecidos.

Luego de este nuevo hallazgo, el titular de la UFICANTE, el fiscal general Pablo Parenti, destacó "la importancia de continuar con una búsqueda que es muy difícil pero arroja frutos, nada menos que el esclarecimiento de casos de desaparición forzada de personas. Se trata de personas que permanecen desaparecidas desde que nacieron o desde que tenían muy corta edad y viven bajo una identidad y un estado de familia que oculta su origen".