El gobierno de la Provincia desplazó a 24 jerárquicos de la Policía por ser "cercanos", según el Ejecutivo, a Maximiliano Bondarenko, cabeza de lista del Frente La Libertad Avanza por la Tercera Sección para las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre.

La medida se dispuso a partir de una investigación interna que comenzó con una denuncia anónima y llegó al área de Asuntos Internos. Los efectivos están acusados de militar para Bondarenko, excomisario de la fuerza de seguridad.

Según informó TN, la denuncia anónima, a diferencia de otros casos, llegó con un volumen inusual de evidencia: capturas de pantalla, audios de WhatsApp, nombres propios y referencias concretas a reuniones entre los oficiales implicados y dirigentes del espacio de Bondarenko.

“Había de todo en la denuncia: chats, grabaciones, documentos. Era demasiada información como para no tomarla en serio”, aseguró a este medio una fuente reservada vinculada al caso.

El Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó entonces dos auditorías preventivas que, según explican, corroboraron rápidamente el contenido de la presentación anónima.

“Lo que se encontró fue contundente. No solo había una adscripción política explícita, prohibida por la Ley Orgánica de la Policía, sino también una serie de maniobras internas que incluían desde reuniones con el candidato hasta intentos de reestructurar áreas dentro de la fuerza”, informó el Ministerio. Por ese motivo, se los apartó preventivamente de tareas operativas y se dio curso a una investigación judicial.

En declaraciones a Radio 10, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó que “el grupo no solo apoyaba políticamente a un candidato, sino que pretendía intervenir la estructura misma de la Policía”.

Según detalló el funcionario, la denuncia advertía que los agentes involucrados elaboraban un plan de reforma institucional con el objetivo de “pasar a retiro a altos mandos y reemplazarlos por efectivos afines”, lo que desde el gobierno provincial interpretan como un intento de “golpe al comando institucional” de la fuerza.

De acuerdo a Alonso, la acusación no se limitaba a una infracción administrativa: “utilizaban oficinas, computadoras y recursos del Estado para conspirar desde adentro”, afirmó, y sostuvo que los documentos hallados en las auditorías incluían “proyectos que no tienen nada que ver con la tarea policial”.

“La terminal política era el candidato. Se reunían periódicamente con él y respondían tanto a la cadena de mando como a su estructura”, explicó el ministro. Y subrayó: “esto es lo que la Ley Orgánica de la Policía no permite: si quieren hacer política, tienen que salir de la fuerza”.

El funcionario también vinculó el episodio con una serie de discursos opositores que, según interpretó, buscan generar una sensación de caos en la Provincia.

“Ya hubo este año intentos de desestabilización alentados desde ciertos medios. Esta vez se detectó a tiempo”, dijo el ministro, y destacó que "a pesar del contexto, la Policía bonaerense atraviesa una de sus etapas más ordenadas. "Tenemos las estadísticas de homicidios más bajas en 25 años. En La Matanza bajaron un 20% respecto al primer semestre del año pasado”, aseguró el funcionario.

Por último, Alonso aclaró que además del sumario administrativo iniciado por Asuntos Internos, el caso fue judicializado: “hay hechos que podrían configurar delitos más graves. Eso lo determinará la Justicia a medida que avance la causa”.