El Poder Ejecutivo formalizó hoy un nuevo paso para la privatización de la línea Belgrano Cargas y Logística S.A., empresa estatal que opera servicios ferroviarios de carga.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1049/2025, publicada en el Boletín Oficial, que instruyó a la Secretaría de Transporte y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a ejecutar el plan de transferencia a manos privadas de los activos, operaciones y servicios que hoy dependen de esa sociedad estatal.

La privatización afecta en forma directa a trabajadores, usuarios y futuros inversores de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que son esenciales para la conectividad del interior profundo con los puertos y zonas industriales de todo el territorio nacional.

En el marco de lo que indica la resolución, el proceso de privatización debería realizarse en un plazo máximo de 12 meses. Si se cumpliera lo establecido en la mencionada norma, pasarían a manos privadas tanto el material rodante como las vías férreas y los inmuebles que están en terrenos de las tres líneas.

También quedaría concesionado el uso de los talleres ferroviarios y se avanzaría hacia la liquidación definitiva de la sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A.

El procedimiento, iniciado  el 10 de febrero,  se enmarca en el artículo de la Ley de Bases que habilitó al Ejecutivo a privatizar empresas públicas.

En ese marco, la Secretaría de Transporte hará los pliegos licitatorios y contratos, y la Agencia de Transformación deberá coordinar el cronograma completo y solicitar evaluaciones a una entidad bancaria del sector público.

Por otra parte, el Banco Nación administrará los fondos provenientes del remate público del material rodante, que se realizará a través de la plataforma subast.ar, mientras que los procesos licitatorios se desarrollarán en el sitio contrat.ar.

El destino de esos fondos será, según el Gobierno, "el financiamiento de obras ferroviarias", aunque no aclaró qué tipo de proyectos se ejecutarán ni en qué regiones. Todo hace pensar que esos fondos serán utilizados, como en los años 90, para sostener esta política fiscal.

Por otra parte, vale aclarar que, aunque la resolución establece que las vías y terrenos continuarán siendo propiedad del Estado, en rigor, el proceso de privatización que lanzó Milei representa la salida completa del Estado como operador ferroviario en el transporte de cargas. Y cede el control de infraestructura, servicios y mantenimiento a intereses privados que buscan la rentabilidad por sobre la conectividad territorial.

De ese modo, el gobierno libertario avanza en la entrega a manos privadas de líneas que cubren territorios alejados de los grandes centros urbanos, que por ser poco rentables fueron usados para reducir costos, pese al impacto económico que ello implica.