viernes 19 de septiembre de 2025 - Edición Nº 29.188

Información General | 4 ago 2025

Tensión

La Provincia insiste con el reclamo de fondos a la Nación

Hará una nueva presentación en la Corte Suprema.


El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, adelantó este lunes que, este martes y a través de la fiscalía de Estado, se va a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de la Nación, para reclamar puntualmente “los fondos previsionales que son 1,6 billones de pesos”.

Durante una conferencia en la Casa de Gobierno de La Plata, el funcionario refirió a la deuda que tiene la gestión de Javier Milei, particularmente con el distrito bonaerense y la dividió en tres grupos:

- Deudas directas con la Provincia;
- Saldos de obras públicas que fueron abandonadas;
- Por discontinuidad o retrasos en los programas nacionales.

"En total, el gobierno nacional está debiendo 12,1 billones de pesos”, denunció el ministro de Gobierno.

“Puntualmente, se solicitará que se expida la Corte Suprema y que fije una audiencia de partes como lo hizo, en su momento, con las provincias de Córdoba y Santa Fe”, concluyó Bianco.

Finalmente, el ministro también adelantó que el Ejecutivo provincial está “analizando” realizar una denuncia penal “por las tareas de espionaje ilegal” que llevó adelante la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre gremios y agrupaciones sociales y políticas opositoras.

Bianco señaló que esta decisión se tomó luego de que este fin de semana se publicara un informe del periodista Hugo Alconada Mon, donde quedan expuestas las acciones de inteligencia a personalidades y funcionarios de agrupaciones peronistas como el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner, el ex ministro de Economía Sergio Massa y también sobre políticos de otras fuerzas como fueron los casos de Facundo Manes y Néstor Grindetti.

Según el ministro bonaerense, es “una violación flagrante” al artículo Nro. 4 de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) que prohíbe a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, funciones policiales o de investigación criminal y que se almacenen datos de funcionarios o militantes “por su opinión política, por adhesión partidaria o social y por la actividad lícita” que desarrollen en cualquier esfera de acción.

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