La Justicia de La Plata investiga una denuncia contra el procurador Ignacio Fernando Barrios, acusado de ofrecer jubilaciones exprés. El primero en denunciar fue un chofer de media distancia de la empresa Metropol, quien relató que Barrios le ofreció “una jubilación magnífica” en abril de 2021, recomendado por un compañero de trabajo.

Según explicaron los denunciantes, Barrios exigía pagos iniciales de 400 dólares y luego sumas mucho mayores, justificando los cobros como “para engrosar la jubilación” y garantizar la rapidez del trámite.

Uno de los pagos más significativos se registró en julio de 2024, cuando el denunciante transfirió $1.890.000 a la cuenta bancaria de Barrios en Banco Galicia, documento que se convirtió en prueba clave de la causa.

La investigación se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°2, bajo la fiscal Betina Lacki, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 a cargo del juez Agustín Crispo.

Según la abogada Alicia Cagnani Salinas, que representa a más de diez damnificados, Barrios habría operado de manera similar en distintos puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo Zárate, Campana, Quilmes, Avellaneda, Dock Sud y la zona del Astillero Río Santiago (ARS).

La mecánica del fraude era recurrente: ofrecía jubilaciones exprés, cobraba grandes sumas de dinero y luego dilataba los trámites con excusas diversas, desde supuestos retrasos por elecciones hasta gestiones internas en ANSES. Los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias a cuentas personales del procurador.

En la causa penal, la fiscalía solicitó al Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP), donde el acusado está matriculado, la suspensión de su matrícula mientras dure el proceso judicial, entre otras medidas preventivas.

El expediente, caratulado como “estafa, abuso de confianza e influencias mentidas”, incluye análisis de transferencias, citación de víctimas y verificación de expedientes en ANSES. Barrios, por su parte, designó abogados con domicilio en Puerto Madero, lo que refleja una estrategia procesal de alto perfil.

Si bien hasta el momento no se imputó a ningún funcionario de ANSES, la fiscal evalúa si se trató de un accionar individual o si hubo alguna connivencia dentro del organismo previsional, con posibles ampliaciones de la imputación en caso de aparecer nuevas pruebas.