

El titular de la Fiscalía General N°7 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, el fiscal general Miguel Ángel Osorio, pidió penas de entre 7 y hasta 16 años de prisión para nueve acusados de fabricar y comercializar ilegalmente un medicamento adulterado.
El fármaco, Yectafer , fue producido a base de hierro, entre 2003 y 2004 causó la muerte de cuatro personas, auqnue podrían ser más. Además, dañó la salud de otras 29 víctimas.
La fiscalía también pidió una absolución y embargos por 1.140 millones de pesos para los imputados, para garantizar que con ese dinero paguen un resarcimiento a todas las víctimas.
El juicio comenzó en noviembre de 2023 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la ciudad de Buenos Aires, que está integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini.
El martes pasado el fiscal general Osorio hizo su alegato, y dio por acreditado que los acusados "integraban una organización criminal que confeccionó ilegalmente el fármaco Yectafer - hierro 5% con sus propiedades adulteradas y luego lo volcó al mercado legal para su comercialización a través de una droguería", informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web..
También detalló que "la fiscalía precisó que en el juicio se probó la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006, en el cual se disimularon las propiedades nocivas a través de la falsificación e imitación del producto original, cuya elaboración autorizada corresponde al laboratorio Astrazeneca".
La fiscalía también señaló que los peritajes determinaron que el Yectafer adulterado que no había sido fabricado por el laboratorio autorizado contenía tres veces más de citrato de hierro que lo indicado en el envase. Además, aseguró que el PH y la densidad de la sustancia tampoco coincidían con la de la medicina inyectable original.
Laa cuatro víctimas que perdieron la vida por ese fármaco son Verónica Díaz (22 años de edad), Luciana Giménez (26), Paulina Álvarez (35) y Osbel Roly Lombardi (80)-.“Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, aseguró el fiscal, y recordó que Giménez “llevaba 22 semanas embarazada”, que fue sometida a una “cesárea de urgencia el 21 de noviembre de 2004” y que “su bebé nació sin vida”.
El fiscal Osorio pidió que nueve de los diez los acusados sean condenados por los delitos de asociación ilícita -en carácter de miembros- y adulteración y tráfico de medicamentos agravado por la muerte de cuatro personas.
El Ministerio Público Fiscal detalló quiénes son y qué penas pidieron para cada uno:
"En el caso del décimo imputado, Santiago Lucio Gavazza, la fiscalía requirió la absolución por los hechos por los cuales llegó acusado a juicio. Algunos de los imputados en la transmisión de la audiencia de inicio del juicio en 2023. Foto de archivo: captura de pantalla de Zoom. A su vez, Osorio solicitó que se decomisen “todos los bienes instrumento del delito a los efectos de poder materializar la indemnización con el objeto de destinarlo a la reparación plena del daño ocasionado a las víctimas”, detalló fiscales.gob.ar.
Además, pidió al tribunal que se decreten los embargos preventivos respecto de Rabinovich, Gegenschatz, Cernadas, Quintela, Akawie, Scattolini, Manzotti, Vitale y Cervera por el monto de 1.140 millones de pesos.
El Ministerio público Fiscal también aclaró que la causa tuvo a otros cinco imputados que no llegaron a esa instancia del juicio porque fallecieron a lo largo de la investigación.
"Entre ellos estaban quienes, para la fiscalía, montaron el laboratorio clandestino donde se elaboró el Yectafer adulterado, Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, quienes estaban imputados como jefe y organizador, respectivamente, de la asociación ilícita", detalló..
El fiscal Osorio señaló que se logró acreditar el “alto grado de sofisticación del grupo criminal dedicado a elaborar medicamentos falsos e implementar su circuito de comercialización clandestino”.
Además, remarcó que “con el caso Yectafer ha quedado claro el funcionamiento de la organización criminal y la distribución de roles" que tenía la banda, que era una " asociación ilícita destinada a falsificar y poner en circulación en el mercado formal medicamentos obtenidos en forma irregular, tanto de procedencia ilegítima como de fabricación ilegal”, según detalló .