Mientras la industria de los biocombustibles atraviesa una dura crisis que la mantiene paralizada, la Provincia de Santa Fe impulsa una nueva ley que, de aprobarse, reduciría las toneladas que producen Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis para concentrarlas en el distrito que administra Maximiliano Pullaro, según advirtió el director ejecutivo de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Federico Martelli.

¿Cómo está el sector de los biocombustibles en Argentina?

Martelli: La industria de los biocombustibles en general y la de biodiésel en particular está pasando por un muy mal momento. En biodiésel la crisis lleva 15 meses consecutivos y la situación es tan grave que desde el 15 de septiembre en adelante no se produjo una sola tonelada para el mercado interno. Hoy todas las plantas están paralizadas y en breve van a empezar las suspensiones y los despidos.

Hemos intentado por todos los medios que el poder ejecutivo comprenda el daño que está haciendo a una industria fundamental para las economías regionales, para el campo, para el agregado de valor de la cadena de la soja, para la salud y el medio ambiente, pero evidentemente en el Ministerio de Economía están ocupados en perseguir al dólar y no en los problemas reales de los que producen. 

¿A qué se debe esa crisis?

Martelli: El gobierno fijó un precio de venta por debajo de los costos de producción. Según la Ley de Biocombustibles y las resoluciones que la reglamentan, el poder ejecutivo debe aplicar una fórmula polinómica para establecer el precio. 

Esta fórmula, transparente y objetiva, que fue definida por técnicos de larga trayectoria en la secretaría de Energía, evita que un funcionario de turno fije precios a ojo. Imaginemos el poder que tiene un funcionario para llenarte de plata si fija un precio muy alto o para mandarte a la quiebra si fija un precio artificialmente bajo, se presta a sospechas serias de corrupción, amiguismo y ese tipo de cosas. 

Por eso se hizo una fórmula donde se cargan los costos y arroja un precio objetivo. Pero en la secretaría de Energía decidieron obligarnos a parar fijando un precio absurdo. 

¿Cuál es el precio y cuál debería ser?

Martelli: La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, firmó un precio para septiembre de $1.436.800 por tonelada, mientras el costo de producir esa misma tonelada está en torno a los $1.950.000 y el precio de comercialización debería estar en torno a $2.100.000. Siempre debemos tener presente que los costos varían de acuerdo a como se mueve el dólar, ya que el aceite de soja, que explica el 80% del costo de elaboración se comercializa en dólares. 

¿Cómo los afecta el tratamiento de la Ley de Biocombustibles que se discute en el Senado?

Martelli: Es un pésimo momento para insistir con la Ley de la Liga de Provincias Bioenergéticas, porque la misma está redactada de una manera en la que perjudica a Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis y beneficia exclusivamente a Santa Fe. Entonces nos divide en un momento en que deberíamos estar peleando juntos por el problema del precio. 

Quiero correr de la discusión a Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta, porque esas son provincias que no hacen biodiésel, hacen bioetanol. Las Provincias que hacen biodiésel son cinco y no podemos permitir que Santa Fe canibalice la producción de biodiésel de otras provincias. Esa ley tiene un articulado dirigido a concentrar la producción de biodiésel en una sola provincia. 

Si esto sucediera, habilita a que todas las provincias comiencen a hacer leyes que en su articulado castigue a la provincia de al lado para redireccionar la producción en beneficio propio. Es muy mal antecedente que esto suceda. 

¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo?

Martelli: Desde el año pasado venimos sosteniendo conversaciones con todos los actores para modificar los aspectos de la propuesta de Ley que son perjudiciales para las pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.

Si bien habíamos avanzado bastante en las conversaciones y pensamos que se podían alcanzar consensos, la Liga decidió avanzar unilateralmente con un nuevo impulso a la Ley, tal cual la habían presentado en 2024. Entiendo que tras la derrota del Gobierno Nacional en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, la Liga vio cierta debilidad de Javier Milei, que se opone a esta Ley, e intentan aprovechar esa coyuntura para avanzar rápidamente. 

¿Hay margen para una Ley de consenso?

Martelli: Ojalá así sea. El consenso no es un capricho, es una necesidad. La Ley de la Liga no es de consenso y en el tema de biodiésel es una vergüenza lo que se quiere hacer. Lo voy a poner en blanco sobre negro: En Argentina hay 5 provincias que hacen biodiésel y 4 no están de acuerdo con esta Ley. En Argentina hay 26 empresas pymes que hacen biodiésel para el mercado interno y 15 se oponen a esta ley.  

Igualmente, nosotros vamos a seguir intentando por todos los medios de que haya acuerdos y consensos y espero que los Diputados y Senadores estén a la altura de las circunstancias. 

Mientras nos estancamos en este tipo de debates, perdemos una gran oportunidad de debatir y avanzar sobre las enormes oportunidades que representa la bioeconomía para el país.