La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) lleva adelante este miércoles 22 de octubre un paro de actividades por 24 horas en contra de la decisión del gobierno de promulgar la ley de financiamiento pero no asignarle fondos.

Si bien el gobierno promulgó este martes las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27796), suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el presupuesto nacional. 

Además, ADULP reclama "paritarias libres, recomposición salarial para las y los trabajadores, y más presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología".

Según sus impulsores, el objetivo de la ley de financiamiento universitario es recuperar el poder adquisitivo de docentes y no docentes, "desactualizado desde 2023", e igualar los sueldos con la inflación. Además, asegura los gastos de funcionamiento y las becas para estudiantes. 

Aprobada en agosto pasado, la Ley de Financiamiento Universitario tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina.

Según lo establecido en el artículo 3° de la norma, el Poder Ejecutivo deberá actualizar al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias. 

Además,  tendrá que actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el mismo período. Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial.

Finalmente, al mes siguiente a la sanción de la mencionada ley, el gobierno deberá convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente.