La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia pasa por su peor momento institucional por un juicio millonario, sumándose ahora que varias propiedades como hoteles, sedes y hogares desaparecieron -al mejor estilo Harry Potter- ante un pedido de embargo desde la Justicia de Morón que condenó a la institución gremial a pagar una suma cercana al millón y medio de dólares en una causa por cobro ordinario de pesos.
El juicio lo inició el abogado Sandro Silva y está relacionado con la venta de un inmueble localizado en el centro de Hurlingham, por la que recibió en pago un documento por parte del Sindicato del distrito. No obstante, según el letrado, cuando quiso rescatarlo no se lo liquidaron.
Según fuentes al tanto de la causa, la incertidumbre es total porque ahora se avanzó en la etapa de ejecución de sentencia favorable a Silva por un monto de 1.300.000 dólares y 85 millones de pesos porque tanto la Federación como el sindicato de Hurlingham quedaron en rebeldía y demoraron en contestar la demanda.
La titular del juzgado Civil y Comercial 2 de Morón, Mónica Liliana Preisz, recibió el pedido de Silva para la inhibición de las cuentas bancarias de la Federación y ordenó el embargo de bienes, tales como el hotel sindical de Corrientes 2025 de Mar del Plata -comprado en los tiempos del fundador Gerónimo Izetta- o el famoso hotel cordobés ubicado en La Serranita. Sin embargo, por el momento, la magistrada no puede dar con esos. Sin embargo, hasta el momento, la magistrada no ha podido cumplir con su cometido.


En idéntica situación se encuentran la sede gremial, adquirida hace unos años, ubicada en Velez Sarsfield 56 de Avellaneda, la antigua sede de Mitre 107, también de la mencionada localidad bonaerense, o el hogar para familiares de trabajadores internados en hospitales de La Plata, entre otras propiedades.
Las sospechas por esta situación irregular se centran sobre el ex secretario general Oscar Ruggiero; el extinto conductor, Humberto Bertinat; su sucesor, Walter Leonardi (Tigre); y el actual secretario de Finanzas, Juan Maury (Arrecifes).
Desde organizaciones de base, sus dirigentes y afiliados se preguntan "a nombre de quién están las propiedades históricas de la Federación que fundó Geronimo Izetta?" y exigen precisiones sobre la asamblea o congreso que aprobó la ventual venta de esos bienes inmuebles.
La principal sospecha se configura en un presunto ocultamiento de bienes para evitar el remate, por lo que la Justicia examinará si tal maniobra -en caso de haber ocurrido- se hizo en los tiempos de gestión de Oscar Ruggiero, del fallecido Humberto Bertinat o del actual secretario Leonardi.
En ese marco, hay incertidumbre y gran pánico en varios gremios de base que, al no poseer códigos propios de descuentos, se valen de los códigos facilitados por la Federación y, por tal razón, es esta última la que absorbe el cien por ciento de sus respectivos recursos.
Si las cuentas de la Federación quedan finalmente embargadas, esos gremios no podrán disponer de los fondos y podrían quedarse sin dinero para solventar su funcionamiento hasta que culmine la ejecución, ya que todo quedará incautado para pagar el millón y medio de dólares de la sentencia.
En una inminente sequía de recursos quedarán cerca de un cincuenta por ciento de las organizaciones gremiales de base, es decir, aquellas que no tienen personería gremial completa y necesitan de los códigos de descuento de la Federación para subsistir.
Un difícil problema se planteó para el presente de la Federación "histórica" y para su secretario general, Walter Leonardi, y el de Finanzas, Juan Maury, quienes deben dar varias explicaciones a la justicia y solucionar el grave presente financiero de la Institución gremial.