Elena Makarova, erróneamente señalada como víctima en el mediático caso de Konstantin Rudnev, hizo una declaración pública en la que exige el fin del abuso judicial, el cierre del expediente por falta de pruebas y la liberación inmediata de los detenidos.
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Recordemos que Elena y su hijo recién nacido fueron detenidos durante tres meses en Bariloche, Argentina, tras ser identificados por error como víctimas en un supuesto caso de trata relacionado con una “secta rusa”.
Durante los siete meses transcurridos desde aquella detención, los abogados demostraron que no existen víctimas, ni testigos, ni delito alguno.
Sin embargo, la fiscalía encabezada por Fernando Arrigo insiste en prolongar la investigación por un año entero.
Veintiuna personas, entre ellas la amiga de Elena Makarova — Angelina —, llevan varios meses bajo investigación en Argentina.
También continúa preso en la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Unidad 6) el anciano y gravemente enfermo Konstantin Rudnev.
Según sus familiares y abogado, no recibe los medicamentos necesarios ni atención médica adecuada.
A los detenidos no se les permite regresar a sus hogares ni abandonar el país, y el dinero que les envían sus familiares se está agotando.
A ninguno se le han presentado cargos formales —porque no existen acusaciones, ni víctimas, ni pruebas.
Todos llegaron a Argentina como simples turistas, sin cometer ningún acto ilegal, pero se convirtieron en víctimas de las acciones de la fiscalía y de fantasías sin sustento.
Elena Makarova exige la liberación inmediata de todos los detenidos, su regreso a sus familias y el cierre de este caso falso, convertido ya en una vergüenza para la justicia argentina.
El 21 de marzo, con 22 años, Elena dio a luz por cesárea en un hospital de Bariloche.
Lo primero que vio al despertar de la anestesia fue a la policía.
En ese mismo instante fue detenida dentro de la sala, con su bebé recién nacido en brazos.
Le confiscaron el teléfono, fue interrogada y luego encerrada junto a su hijo durante 90 días en un albergue estatal, sin luz solar ni atención médica.
La declararon “víctima de trata de personas”, supuestamente vinculada con Konstantin Rudnev, a quien nunca conoció ni vio en su vida.
Elena recuerda con dolor cómo la trataron a ella y a su bebé como delincuentes, sin permitirle recuperarse del parto.
No recibió apoyo médico ni psicológico alguno.
Su hijo Miroslav nació el 21 de marzo y, apenas unas horas después, fue llevado a una habitación cerrada disfrazada de refugio.
Allí pasó 90 días sin sol, recibió cuatro vacunas en un solo día tras tres meses de encierro y sin atención sanitaria.
Elena debía amamantarlo bajo la vigilancia de la policía —una situación de enorme estrés para cualquier madre.
El 16 de junio, en el aeropuerto, antes de abordar el avión que la sacó del infierno, Elena escribió a mano una declaración:
afirmó que no era víctima y que no conocía a Konstantin Rudnev.
Entregó la carta a su abogado, David Molnero, para que la incorporara al expediente.
Resultado: la declaración nunca apareció en el caso.
La fiscalía de Bariloche la ignoró, como si nunca hubiese existido.
Elena está profundamente preocupada porque su voz sigue sin ser escuchada, mientras personas inocentes permanecen privadas de libertad sin poder reunirse con sus familias.
“Me dirijo a la fiscalía de Bariloche —personalmente al procurador general Fernando Arrigo, y a los fiscales Tomás Labal, Gustavo Javier Rebor y Rodrigo Nicolás Treviranus.
Exijo poner fin de inmediato a esta persecución judicial y cerrar un caso sin fundamentos legales.
Pido que no se prorrogue la detención de personas que llevan meses bajo investigación sin cargos, sin pruebas y sin víctimas.”
Todas sus solicitudes dirigidas a la fiscalía de Bariloche siguen sin respuesta.
Según Elena, esto no es justicia, sino un sistema que castiga a los inocentes y se niega a reconocer sus errores.
De acuerdo con la defensa, en los escritorios de los fiscales hay pruebas que desmontan completamente el caso de Konstantin Rudnev, pero se niegan a incorporarlas al expediente, mientras siguen celebrando audiencias basadas en acusaciones ya refutadas.
Sin caso, no hay ascensos ni bonificaciones.
Todo resulta demasiado evidente, y eso hace que dé vergüenza hablar de justicia argentina.
¿Por qué la fiscalía de Bariloche continúa prolongando un caso sin pruebas?
¿Y cuándo terminará esta farsa, más parecida a una operación de inteligencia ruso que a un proceso judicial de un Estado democrático?