La Junta Central de la Unión Cívica Radical (UCR) de La Plata rechazó la designación de un militar en actividad como ministro de Defensa de la Nación, al considerar que la medida “rompe un principio básico de todas las democracias modernas: la conducción civil de la Defensa”. Se trata de Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército.

El radicalismo platense recordó que, desde 1983, la Argentina sostiene un consenso democrático inalterable: "la conducción política de la Defensa, la seguridad interior y la aviación civil debe estar siempre en manos civiles, garantizando controles institucionales reales y evitando cualquier forma de corporativismo dentro de las fuerzas armadas".

“Un militar no puede controlar a su propia fuerza. Eso no es conducción: es connivencia. Romper la conducción civil de la Defensa es retroceder institucionalmente y poner en riesgo un consenso democrático esencial que la Argentina sostuvo durante cuatro décadas", aseguró el presidente del partido a nivel local, Pablo Nicoletti.

La UCR local destacó además la preocupación particular que genera esta designación en la capital bonaerense. El coronel Carlos Roque Presti, padre del nuevo ministro, fue comandante del Regimiento 7 durante la última dictadura cívico-militar, en una región que fue uno de los principales epicentros del terrorismo de Estado.

Según recordó el radicalismo, allí funcionaron el Área 113 y centros clandestinos de detención como La Cacha, Arana y la Comisaría 5ª, además del operativo en el que fue secuestrada Clara Anahí Mariani, "hechos por los cuales organismos de derechos humanos locales lo han señalado históricamente, aunque falleció sin condena judicial".

Asimismo, se recordó que el nuevo ministro nunca expresó públicamente una posición clara sobre los crímenes de la dictadura ni sobre las acusaciones que pesaron sobre su padre, lo que para la UCR constituye "un silencio institucionalmente grave".

El comunicado reafirma que la Unión Cívica Radical, desde el gobierno de Raúl Alfonsín, ha sido impulsora de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y del respeto irrestricto a los derechos humanos, principios que todos los gobiernos democráticos sostuvieron hasta la actualidad. “Alterar este esquema —señalaron— es retroceder en institucionalidad, en civismo y en memoria.”

La Mesa de la Junta Central de la UCR La Plata concluyó advirtiendo que esta decisión “implica un retroceso institucional profundo para el país y resulta especialmente dolorosa para una ciudad marcada por la memoria y los derechos humanos”.