El fiscal de La Plata Álvaro Garganta citó a indagatoria al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y a siete empresarios en la causa que investiga irregularidades en el funcionamiento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Al fijar la audiencia para el próximo 15 de diciembre, el exfuncionario fue imputado por el delito de cohecho activo en concurso ideal con negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.

Los empresarios que fueron citados a indagatoria son Martín Hernán Serrano, Germán Leandro Rébolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss.

“Entiendo que ha existido un direccionamiento a favor de siete empresas para adjudicar el servicio de VTV, que ello lo ha sido a cambio de recibir sumas de dinero a través de la contratación de una interpósita empresa como lo es Soluciones S.A.; y a través de la cual se canalizaría el dinero que llegaría al exministro de Transporte”, sostuvo el fiscal penal en su resolución.

Esta última indica que, entre marzo de 2023 y enero de 2024 -cuando aún ejercía como ministro- D’Onofrio habría pactado con las compañías oferentes la adjudicación de las 16 zonas del servicio de VTV a cambio de un mecanismo para canalizar pagos a través de una empresa interpósita, “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”.

El fiscal afirmó que esa firma “interpuesta por el ministro” debía ser contratada por los concesionarios y cobrarles un porcentaje mensual de entre el 3 y el 8,5 por ciento de sus ingresos por diez años, más IVA.

Según Garganta, ese esquema no sólo fue acordado, sino que se puso en marcha, pues la empresa intermediaria recibió pagos por más de 4.995 millones de pesos provenientes de las compañías adjudicatarias. Además, detalla numerosos ilícitos y maniobras fraudulentas, que “evidenciarían un direccionamiento de la licitación nacional e internacional de la VTV”, según informó Capital 24.

El escrito también ponderó la participación de una UTE (Sistema Integral del Automóvil S.A.) que, al momento de presentar oferta, no estaba inscripta en el Registro de Personas Jurídicas ni en la Inspección General de Justicia, y que incluso carecía de CUIT.

También se tuvo en cuenta la conformación de varias de las empresas integrantes de esa UTE apenas días antes de la presentación de su oferta, a la vez que se consideró la falta de actas de asamblea autorizando la participación societaria en la UTE.

La ausencia de controles formales por parte del Ministerio de Transporte durante el proceso, según precisó la resolución, muestra una “complicidad” de la administración.

Finalmente, se puntualiza la transformación anticipada de la UTE en sociedad anónima antes de que la adjudicación fuera formalmente definida, algo considerado “llamativo” y “sólo explicable” si habían recibido garantías previas de que serían ganadores, y que la empresa apuntada como vehículo para la recaudación de retornos -Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA- tuvo movimientos y cambios societarios que confirmarían que fue “puesta por el Ministro” para cumplir esa función.

Para el fiscal, D'Onofrio sería el presunto articulador de un mecanismo para direccionar la millonaria concesión de la VTV a un grupo específico de empresas, garantizando su victoria y montando un sistema paralelo para la recaudación de retornos durante toda la década de concesión.

Vale señalar que la Justicia también investiga una maniobra con falsos gestores destinada a eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar.