Militantes sociales y políticos de La Plata se movilizaron este viernes al Palacio Municipal para reclamar una denunciar que una víctima de violencia institucional se puede quedar sin hogar. 

Se trata de Mirna Gómez, compañera de vida de Andrés Nuñez, secuestrado el 28 de septiembre de 1990 por una patota de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Años después sus restos fueron hallados enterrados bajo un tanque de un campo de General Belgrano. 

"Se puede prestar que la Policía la saque de su casa en la que vivió por 30 años en cualquier momento. Estamos con la incertidumbre de que nos pueden sacar en cualquier momento. Por eso le pedimos al juez Federico Martínez que suspenda el desalojo", pidieron los manifestantes, y también solicitaron una reunión con el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto, y el secretario de Gobierno, Guillermo Cara. 

Núñez vivía en Villa Elvira y trabajaba arreglando electrodomésticos. Le gustaba jugar al fútbol y había probado suerte en Defensores de Cambaceres y en Estudiantes de Mar del Plata como marcador lateral derecho, según se consignó en el libro "Desaparecer en democracia" (Marea Editorial.

Tenía 32 años cuando el 27 de septiembre de 1990 fue visto por última vez. Ese día, efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata salieron en un operativo de cinco hombres en un auto. El objetivo: investigar el robo de una bicicleta. El subcomisario Luis Raúl Ponce, al mando del grupo, se había formado en la comisaría 5ª de La Plata, uno de los trece centros clandestinos de detención de la dictadura militar en esa ciudad. Junto a Ponce estaban el oficial Pablo Martín Gerez y tres agentes: Víctor Dos Santos, José Daniel Ramos y Jorge Alfredo González.

Protesta frente al Palacio Municipal

A finales de 2010 tuvo lugar el primer juicio, con 65 testigos citados a declarar entre el 23 y el 30 de noviembre de ese año. En el banquillo de los acusados estaban dos de los policías que habían participado del operativo: González y Dos Santos. El primero fue encontrado en Córdoba; el otro, en Almirante Brown.

Los dos policías fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua: González por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada en concurso ideal con torturas seguidas de muerte, y Dos Santos como autor de los tormentos que causaron la muerte a Nuñez. En el fallo, los magistrados recordaron que ambos policías habían admitido la existencia del crimen en sus declaraciones indagatorias, lo cual no atenuaba sus responsabilidades, sino que coincidía con la gran cantidad de prueba recolectada en el juicio.