El exministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Jorge D'Onofrio presentó ante el fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta un descargo donde rechazó las acusaciones que lo sindican como responsable de presuntas maniobras irregulares en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El exfuncionario fue procesado por presunto lavado de activos por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que le trabó un embargo por 350 millones de pesos y tiene todos sus bienes inhibidos.

En la investigación, el fiscal procura acreditar un presunto entramado de abogados y funcionarios que habrían operado para reducir o anular multas de tránsito captadas en rutas bonaerenses a cambio de pagos ilegales.

Por su parte, en el documento de 25 carillas presentado este lunes, el ex ministro aseguró que el proceso licitatorio fue “legal, público e internacional” y contó con el respaldo de los organismos de control y asesoría.

D’ Onofrio negó haber direccionado la adjudicación de las concesiones, afirmando que no existieron beneficios indebidos para las empresas que se quedaron con los talleres verificadores en 2024, según informó el medio Capital 24.

El imputado defendió esa decisión y afirmó que la incorporación de tecnología era necesaria para mejorar la transparencia y la trazabilidad del sistema. En tanto, negó categóricamente cualquier vínculo previo con Sebastián Decio, titular de la empresa señalada como nexo clave en la causa.

No obstante, para Garganta el exministro habría favorecido a ocho empresas adjudicatarias y articulado un mecanismo de retornos a través de una firma contratada para gestionar los turnos y los cobros online.

La investigación judicial también apunta a la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., firma a cargo de llevar adelante el otorgamiento de turnos de forma virtual. El fiscal sospecha que la empresa de la “turnera” funcionó como intermediaria para el cobro de coimas, ya que las concesionarias debían pagarle inicialmente el 3 por ciento y luego hasta el 8,5 por ciento más IVA de sus ingresos mensuales durante los diez años de concesión.

Cada turno solicitado por Internet implicaría una comisión directa: desde unos 2.500 pesos por la VTV de un auto hasta 11.000 pesos en el caso de vehículos de transporte.

Además de citar a D'Onofrio, el fiscal también citó a declarar a los empresarios Sebastián Decio, Martín Hernán Serrano, Germán Rébolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. Todos –asegura el fiscal- tuvieron vínculo directo con el ministerio y fueron adjudicatarios de la Verificación Técnica Vehicular.