La empresa de micros Metropol fue denunciada por supuesta manipulación de los datos del sistema SUBE que habría generado un perjuicio millonario para el Estado y para el resto de las empresas del sector.

El caso tomó mayor relevancia tras la salida del secretario nacional de Transporte, Luis Pierrini, una decisión que desde el gobierno nacional aseguran estuvo directamente vinculada con las irregularidades denunciadas en el esquema de compensaciones tarifarias del transporte urbano.

La denuncia fue impulsada por las principales cámaras empresarias del sector, que señalaron a la mencionada compañía como beneficiaria de la maniobra destinada a incrementar de manera artificial los fondos que el Estado transfiere en concepto de subsidios.

El trasfondo de la controversia se remonta a la Resolución 45/2024 de la Secretaría de Transporte de la Nación, publicada en noviembre pasado, que modificó el criterio para calcular las compensaciones. Desde entonces, los subsidios comenzaron a determinarse principalmente por la cantidad de pasajeros transportados y el índice de pasajeros por kilómetro, en base a los datos de la SUBE.

Metropol habría aprovechado este cambio para registrar viajes cortos como si fueran tramos intermedios o largos, entregando boletos de mayor valor tarifario sin que existiera un aumento real ni en la distancia recorrida ni en la cantidad de usuarios transportados. Cabe señalar que en los tramos más extensos el aporte del Estado es considerablemente mayor. 

El presunto esquema fue detectado a partir del análisis comparativo de los datos de la SUBE antes y después de la entrada en vigencia de la resolución. En líneas operadas por la empresa denunciada, como la 195, se registraron fuertes caídas en los viajes cortos y subas casi idénticas en las secciones siguientes, un patrón que también se repitió en otros recorridos del grupo.

Las cámaras empresarias estimaron que esta migración artificial de secciones tarifarias habría generado un perjuicio cercano a los 1.000 millones de pesos mensuales, con un desvío total que podría ubicarse entre los 2.000 y 3.000 millones de pesos por mes, afectando tanto a las arcas públicas como al reparto general de subsidios.

Desde Metropol rechazaron las acusaciones y aseguraron que no existió una maniobra deliberada. Sostuvieron que los cambios en los registros responden a la corrección de la llamada "evasión gris". El caso avanza en la Justicia.