En medio de la investigación que sigue en curso en la Justicia por dos empleados que están detenidos por múltiples abusos sexuales y a quienes se los marca como líderes de la secta denominada "La Orden de la Luz", salió a la luz el caso de una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual, acoso laboral y amenazas dentro del ámbito del Senado.

Los hechos denunciados derivaron en una investigación judicial y en la adopción de medidas cautelares para resguardar la integridad física y psicológica de la denunciante.

Según relató la mujer en la denuncia que presentó en 2024, y por la que días atrás la Justicia ordenó una perimetral, los episodios ocurrieron en el marco de su relación laboral y el acusado se desempeñaba como jefe de mantenimiento, además de ocupar un rol gremial dentro del organismo.

El denunciado habría ejercido su posición de poder para cometer distintos actos de violencia sexual y hostigamiento, tanto contra ella como contra otras trabajadoras.

De acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, el caso más grave se habría producido durante la primera semana de enero de 2022, cuando la mujer se encontraba trabajando en su oficina. El acusado habría realizado comentarios de índole sexual y posteriormente intentado forzar un contacto físico no consentido, tanto contra ella como contra otras trabajadoras.

La denuncia también menciona antecedentes de acoso hacia otras empleadas del lugar, presuntas amenazas para impedir que avanzaran con denuncias formales y un clima laboral marcado por el miedo. La mujer explicó que no había denunciado antes por el hostigamiento laboral y por una situación personal de extrema vulnerabilidad: durante ese período su esposo atravesaba una grave enfermedad, lo que la llevó a postergar cualquier acción judicial. Tras su fallecimiento y luego de atravesar el duelo, decidió finalmente avanzar con la denuncia.

A raíz de la presentación, la Justicia consideró acreditado el riesgo y ordenó una prohibición de acercamiento, perturbación y hostigamiento del denunciado hacia la víctima por un plazo de 60 días. También dispuso un refuerzo del patrullaje policial en el domicilio de la mujer, la entrega de un botón antipánico y la intervención de organismos especializados en asistencia a víctimas de violencia de género.

Por último, la resolución judicial prevé la elaboración de informes sociales y psicológicos, y el seguimiento por parte de equipos interdisciplinarios para evitar situaciones de revictimización. Finalizado el plazo de la medida, la Fiscalía deberá evaluar su eventual renovación. La causa continúa en etapa de investigación, mientras la denunciante fue reconocida como particular damnificada en el proceso