La reciente reseña publicada por el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo en el diario Los Andes sobre el rol histórico del CONICET invita a una reflexión profunda acerca de la relación entre política científica, financiamiento público y modelo de desarrollo nacional. Si bien resulta incuestionable la centralidad del CONICET en la producción de conocimiento y en la formación de recursos humanos altamente calificados, la reivindicación discursiva de su importancia pierde consistencia cuando no se la vincula con las decisiones políticas e institucionales que determinan su viabilidad material.

Desde una perspectiva histórica, la creación del CONICET constituyó una decisión política estratégica orientada a dotar al país de capacidades científicas propias. Sin embargo, minimizar las circunstancias políticas que atravesaron tanto su origen como su evolución implica desconocer una premisa fundamental: la ciencia no puede sostenerse al margen del poder ni de las decisiones del Estado. La continuidad, el alcance y la orientación de las políticas científicas expresan de manera directa el proyecto de país que se impulsa.

En este marco, resulta imprescindible distinguir entre políticas de racionalización del gasto y procesos de desarme institucional. Durante los años 2024 y 2025, el sistema científico-tecnológico argentino ha experimentado una reducción significativa de su financiamiento real. La Función Ciencia y Técnica, medida como porcentaje del Producto Bruto Interno, se proyecta en torno al 0,164 %, un nivel inferior incluso al registrado durante crisis estructurales previas de la historia reciente.

Este retroceso no constituye un fenómeno meramente contable. Se traduce en la pérdida sostenida del poder adquisitivo de salarios y becas, en la discontinuidad de proyectos de investigación, en el deterioro de infraestructuras y equipamientos científicos y, de manera particularmente preocupante, en la expulsión de jóvenes investigadores del sistema. La destrucción de capacidades científicas ocurre con rapidez; su reconstrucción, en cambio, requiere décadas de inversión sostenida y coherente.

La comparación internacional refuerza este diagnóstico. En las economías contemporáneas basadas en el conocimiento, la inversión en investigación y desarrollo constituye un componente estructural de la competitividad sistémica. Mientras Argentina destina alrededor del 0,16 % del PBI a actividades de I+D, otros países sostienen niveles muy superiores como resultado de políticas de Estado consistentes, transversales a los cambios de gobierno.

Esta brecha no puede explicarse únicamente por diferencias de escala económica. En los países de desarrollo intermedio, la inversión pública en ciencia cumple un rol habilitante e irremplazable, dado que el sector privado no asume, por sí solo, los riesgos tecnológicos de largo plazo. Reducir esa inversión implica profundizar la dependencia tecnológica, la reprimarización productiva y la pérdida de soberanía en áreas estratégicas.

Desde esta perspectiva, la reducción del financiamiento científico no puede interpretarse como un proceso de “ordenamiento” del Estado. Por el contrario, constituye una decisión política que compromete el futuro, al debilitar uno de los pocos instrumentos capaces de transformar conocimiento en desarrollo económico, social y productivo. El ajuste en ciencia y tecnología no es neutral. Define quiénes pueden investigar, bajo qué condiciones y con qué horizonte temporal. En contextos de desfinanciamiento, la producción de conocimiento queda restringida a quienes acceden a recursos externos o privados, mientras el sistema público se fragmenta y se vacía.

La pregunta que emerge es, entonces, inevitable y profundamente política: ¿aspira la Argentina a consolidarse como un país que exporte conocimiento o como uno que expulse a quienes lo producen?

Responderla exige coherencia entre el discurso institucional y las decisiones presupuestarias, así como una responsabilidad académica y política que reconozca que la ciencia y la tecnología no constituyen un gasto prescindible, sino una condición necesaria para cualquier proyecto serio de reconstrucción nacional.

Es por ello que es necesario evitar el canto de sirenas, que por intereses personales se expresan a favor de lo que no sienten ni tienen internalizado. La funcionalidad a estas políticas de desarme tiene nombre y apellidos y están en la cúpula de la universidad. Es hora de pensar en hombres y mujeres que, con una mirada sincera, gestionen a la Universidad, con la certeza de que el conocimiento, la ciencia y la tecnología son los únicos indicadores que se deben desarrollar para reconstruir un país en ruinas.