Los clubes de la Primera División convocaron a un paro que afectará a todas las categorías durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, días en los que debe jugarse la 9° fecha de la Liga Profesional.

La medida de fuerza, tomada luego de la reunión de este lunes del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, es una respuesta a la investigación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos durante el periodo 2024-2025.

El proceso penal se originó el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal fueron quienes detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que ocasionó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000.

Las maniobras ilícitas habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía basó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.

La querella argumentó que la omisión sistemática de pagos no respondía a problemas financieros. El análisis contable mostró que la Asociación del Fútbol Argentino recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025. Durante ese periodo, la directiva constituyó diversos plazos fijos tanto en pesos como en dólares. ARCA concluyó que los implicados disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.

Por su parte, el 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia intentó obtener la nulidad de la citación judicial con una excepción de falta de acción, argumentando que las deudas fiscales no eran exigibles al momento de los hechos y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro.

A la salida de la reunión del Comité Ejecutivo, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, fue uno de los primeros en explicar la postura: “todos los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre queremos lo mejor para nuestros clubes. Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de estado. Los clubes son parte esencial de la estructura del deporte. Uno nota que a veces se ponen trabas que son injustas, hay cosas muy raras”.

Consultado sobre el alcance de la medida, Berlanga fue contundente: “no se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar”. El presidente de Vélez señaló que la decisión responde a una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”.