El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA) Oscar Liberman presentó un proyecto para impedir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses.

El legislador la denominó la iniciativa como “Ley Rodrigo”, por el soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Residencial de Olivos y se suicidó al ser víctima de una extorsión telefónica perpetrada desde la prisión, con apoyo de familiares de los reclusos en el exterior del penal de Magdalena.

La propuesta busca dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” (Resolución número 47688/20) por haber finalizado la pandemia que motivó su sanción, y la modificación del inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 (Ley de Ejecución Penal Bonaerense) para que la comunicación telefónica de los internos se realice exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En ese marco, se plantea que el tiempo de comunicación por interno quede limitado a un máximo de dos horas diarias y “en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”.

Además, establece que cada unidad tiene la obligación de instalar y operar sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento y permanencia de los internos, con el objetivo de garantizar el control de la comunicación con el exterior de cada detenido.

“Las cárceles parecen un call center del delito. Viene de la época de la pandemia, pero sigue vigente esto de tener celulares. Trabajamos para que se prohíba el uso de celulares en las cárceles y todo tipo de comunicaciones por red. La idea es que se tomen medidas con inhibidores de señal y requisas diarias para que no se pueda violar la norma”, señaló Liberman en declaraciones al programa “Tiempo de Policiales”, que se emite por ATP Stream.

“Es un trabajo concreto para que no haya un debate circular en torno a esto. Es básicamente decir si estamos de acuerdo con que esto siga así o si queremos que se termine”, agregó el diputado.

El legislador bonaerense explicó que las penalidades para cuando se viole la norma “ya están previstas, porque el proyecto lo único que hace es modificar el artículo en el que ahora habla de prohibición de celulares en las cárceles”.

Finalmente, Liberman hizo hincapié en los mecanismos de control para que se respete la norma como el uso de inhibidor de señal y las requisas diarias y remarcó que si se quiere replicar la iniciativa en todo el país “puede hacerse”.

“El nivel de producción con el que trabajan los presos es tremendo. Hasta hay sonidos en los que se escucha la sirena de la policía y otros sonidos. Parecen productoras audiovisuales más que una cárcel”, señaló el diputado.

Respecto a la elaboración del proyecto, el legislador de LLA indicó que al ser economista “y no especialista en derecho” se nutrió “de quienes saben, como los equipos de abogados, de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo) y personas que estuvieron vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación”.