La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires apelará el embargo de 157.164.287.201 millones de pesos ordenado por el juez federal de La Plata, Alberto Recondo para garantizar obras de saneamiento cloacal en la planta que trata efluentes de la región capital y que impacta en el Arroyo El Gato y el Río de la Plata.

El gobierno provincial sostiene que el fallo es de “imposible cumplimiento” en el actual contexto financiero y afirma que no puede afrontar con recursos propios obras de infraestructura que históricamente dependen de financiamiento nacional.

La decisión judicial se basó en peritajes elaborados por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que describen un “grado de contaminación aberrante” en la zona por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento adecuado en el sistema hídrico.

Además, el fallo señala que las obras deben garantizar mejoras en el funcionamiento de la planta que procesa los líquidos cloacales de la región capital. El objetivo es reducir el impacto ambiental que hoy afecta al Arroyo El Gato y desemboca en el Río de la Plata.

Por su parte, funcionarios provinciales afirman que la Nación frenó transferencias destinadas a proyectos de infraestructura que contaban con financiamiento federal. También señalan que están demorados créditos internacionales destinados a saneamiento y gestión del agua. Según explican, esos desembolsos dependen de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Finalmente, desde el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires agregan que la caída de la coparticipación redujo los ingresos del distrito. Según sostienen, esa situación obliga a priorizar salarios y asistencia social antes que grandes obras de infraestructura.