La Cámara en lo Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional contra el fallo de primera instancia que lo obligaba a cumplir con la ley de financiamiento universitario y el Ejecutivo deberá aplicar la norma de manera “inmediata”.

En su resolución, la Cámara desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios". También exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025.

Además, el tribunal resolvió que el Ejecutivo ponga en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el gobierno nacional había apelado la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario. De hecho, esta semana los docentes y no docentes de las casas de estudios están de paro.