En el tercer día de reducción del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y La Plata, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, advirtió por "la incertidumbre del pago de salarios" en una carta enviada al subsecretario de Transporte de la Nación, Fernando Cortes.

"Este mes de abril ha sido nefasto en cuanto a fechas de cobro y la incertidumbre se agiganta, con declaraciones como esta. El titular de la empresa Dota, Marcelo Pasciuto, afirmó que 'el sistema de transporte está colapsado' y reclamó por pagos de subsidios atrasados, lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos", señaló Fernández.

En declaraciones a Agencia Noticias Argentinas, el directivo afirmó que la crisis se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024 y, desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está "totalmente desarticulado".

El empresario advirtió que el sector arrastra "una deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril".

Pasciuto denunció una "falta de gestión que tiene tanto Nación como Provincia" en el manejo de las partidas presupuestarias y explicó que el gobierno nacional se comprometió a acreditar los fondos durante la semana en curso, pero que la administración de la provincia de Buenos Aires postergó el pago hasta "el lunes que viene", superando el plazo legal del cuarto día hábil.

Ante este escenario, el directivo de Dota planteó que las únicas salidas para mantener el servicio son "que los bancos den un descubierto a costo del empresario muy caro" o esperar la colaboración de los choferes para que "por falta de pago trabajen igual mañana hasta que se acredite el dinero".

Tras esas declaraciones, el secretario general de UTA exigió respeto y "que dejen de hacerse declaraciones que alteren la paz social, la tranquilidad". "Con estos sobresaltos es imposible trabajar con tranquilidad. Transportamos personas, todos los días, en calles que no están en el mejor estado, inseguros y ¿queremos sumar más?", pidió Fernández.

"Que las autoridades y los empresarios sean responsables con sus declaraciones y accionar, no saben el agobio y la desesperanza que transmiten", concluyó el dirigente. 

La cámaras empresarias le enviaron una carta al ministro Luis Caputo

"En nuestro carácter de presidentes de las cámaras empresarias que agrupan a más del 80 por ciento de las empresas prestatarias del servicio público de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, venimos por la presente a hacerle saber formalmente que, a la fecha, el Estado Nacional adeuda al sector la suma total de 151.600 millones de pesos, encontrándose en mora respecto de obligaciones cuyo pago resulta indispensable para la continuidad regular del servicio público.

Dicho monto total se integra por:

a) la suma de 115.200 millones de pesos adeudada al sector metropolitano, por los siguientes conceptos: 1) la liquidación del 99,7% de las compensaciones tarifarias correspondientes al tercer cuatrimestre de 2025; 2) la liquidación del 97% del mes de febrero, con montos actualizados conforme la Resolución ST Nº 16/2026; 3) el pago de las comisiones SUBE AMBA correspondientes al mes de febrero; y 4) el anticipo de las liquidaciones correspondientes al sesenta por ciento (60%) de los montos del mes de abril, cuya percepción debe producirse en tiempo y forma, antes del quinto día hábil del mes en curso, a fin de posibilitar el pago de los salarios de los trabajadores del sector;

b) la suma de 36.400 millones de pesos que el Estado nacional adeuda en concepto de transferencias a la Provincia de Buenos Aires con destino a las empresas prestatarias de dicha jurisdicción, por conceptos cuya liquidación y pago se encuentran a su cargo, tales como ATS de diciembre y enero y comisiones SUBE de enero y febrero.

La situación descripta resulta absolutamente intolerable para el sector y se ha visto aún más agravada por el incremento extraordinario del precio del gasoil verificado en el marco del conflicto bélico internacional de público conocimiento.

En efecto, el valor de pesos mil setecientos cuarenta y cuatro con quince centavos ($ 1.744,15) previsto por la estructura de costos actualmente vigente (Res. ST Nº 16/2026), ha quedado completamente desfasado frente al valor de mercado vigente al día de la fecha, que se ubica en un rango de entre pesos dos mil cuarenta y dos ($ 2.042) y pesos dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 2.440), según la petrolera de que se trate, sin que, además, existan garantías suficientes por parte de las proveedoras en cuanto al abastecimiento de los cupos de combustible mínimos para el normal desenvolvimiento del servicio público.

Debe destacarse, además, que esta situación fue puesta en conocimiento de la Secretaría de Transporte mediante la presentación efectuada con fecha 27 de marzo de 2026, identificada como RE-2026-31269744-APN-DGDYD#JGM, oportunidad en la cual se alertó formalmente sobre el severo y acelerado incremento del precio del combustible, que en ese momento se ubicaba en torno a los pesos mil novecientos quince ($ 1.915).

Sin embargo, dicho organismo hizo caso omiso a la presentación efectuada, sin brindar hasta la fecha respuesta alguna. A fin de dimensionar el déficit que viene generando la falta de actualización de este insumo en la estructura de costos, cabe señalar que esa omisión implicó durante el mes de marzo un quebranto para el sector cercano a pesos tres mil quinientos millones ($ 3.500.000.000); y que, con los valores actuales del gasoil y considerando un valor promedio de mercado, las empresas, de operar con normalidad, estarían soportando durante el mes de abril un déficit aproximado de pesos nueve mil quinientos millones ($ 9.500.000.000).

La insuficiencia de los ingresos que el Estado nacional fija unilateralmente para el sector, en el marco de una actividad que constituye un servicio público sujeto a tarifa regulada, ha colocado a las empresas prestatarias en una situación económica y financiera insostenible, al punto tal que varias de ellas han comenzado ya a reducir los niveles de servicio en función de los recursos efectivamente disponibles, quedando comprometida la continuidad regular del sistema y configurado un riesgo cierto e inminente de paralización.

Por lo expuesto, intimamos al Ministerio de Economía a dar inmediata respuesta a la situación planteada y a adoptar de modo urgente todas las medidas conducentes para asegurar la prestación del servicio público, bajo apercibimiento de atribuir al Estado nacional la responsabilidad plena y exclusiva por la paralización total del sistema, desde que detenta en forma monopólica la determinación de los ingresos del sector.

Las empresas prestatarias representadas por las cámaras firmantes quedan, asimismo, a disposición para toda cuestión que estime corresponder y pueda resultar de utilidad a los fines de superar la situación aquí planteada.

Firmantes: 

Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires – CTPBA
Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros – CEAP
Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires – CETUBA
Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires – CEUTUPBA