El requerimiento se fundamenta en su rol como integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior y como Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado Plurinacional de Bolivia.

En los escritos se explica que se busca conocer si en el marco del desalojo se respetaron los derechos de mujeres, niños y ancianos, y si se cumplió con la obligación de poner en conocimiento de la situación a las autoridades consulares del hermano país de Bolivia, dado que se sabía de la presencia de personas de dicha nacionalidad.

Además, y por la gravedad de los hechos ocurridos durante el operativo, se solicitó que se informen los criterios que definieron la planificación del desalojo, a qué organismo fue encomendado y si se utilizó algún protocolo de actuación, si hubieron heridos y si recibieron asistencia médica, cantidad de detenidos y hechos que se imputan.

El diputado Harispe relató a este medio su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad que llevaron adelante el operativo como así también por lo sorpresivo de la medida: “La ocupación era pacífica y existía el compromiso por parte del vicegobernador Gabriel Mariotto y de algunos legisladores de tratar sobre tablas en la legislatura provincial la ley de expropiación para destinar el predio a viviendas familiares, algo que finalmente ocurrió ya que fue aprobada por unanimidad pocos días después. También estaba interviniendo el Juez Arias que había presentado una medida precautelar para que no se avance con una medida de desalojo hasta tanto se tomen algunos recaudos que garanticen derechos básicos de las familias ocupantes. Había también otras instituciones y organizaciones sociales atentas e intentando mediar en la situación… entonces no se entiende, resulta preocupante cómo a pesar de todo esto se procedió a desalojar de ese modo a las familias, generando conmoción, hiriendo personas, destrozando pertenencias, deteniendo y dejando incomunicado hasta al propio abogado de las familias. (..) Estos hechos nos preocupan y tenemos que estar atentos para que no se repitan porque el Estado debe intervenir para encontrar soluciones pacíficas y protegiendo a los más débiles, respetando y haciendo cumplir derechos elementales, estamos hablando de familias muy humildes de trabajadores que estaban reclamando el acceso a la tierra para poder vivir con dignidad”.
Recordemos que el pasado 6 de mayo se produjo una brutal represión a familias de trabajadores y trabajadoras rurales que estaban reclamando una solución habitacional ocupando terrenos fiscales que se encontraban en disputa entre los ocupantes y un agente inmobiliario (Mattioli).

Numerosas organizaciones, instituciones y funcionarios se manifestaron en contra de lo sucedido.