“La situación actual de las cientos de familias reprimidas por la policía durante la semana en Abasto demuestra una vez más que en estos tiempos lo que importa es la defensa de la propiedad privada por sobre el ejercicio popular de cualquier derecho social y humano”, aseguraron los miembros de la JR Popular de La Plata.

Además puntualizaron que “en este caso, el Derecho a una vivienda digna se ve opacado por los intereses de los sectores más reaccionarios de la sociedad”. y que “la represión contra las familias que buscan establecerse en estos terrenos no es precisamente para defender la propiedad privada de una persona identificada, sino que lo que moviliza a las fuerzas policiales a ejercer violencia sobre la comunidad es sostener los negociados del sector inmobiliario, que actúa en connivencia con el poder político y judicial, haciendo caso a la demanda infundada de la Inmobiliaria Mattioli que busca hacerse de estas tierras para seguir generando ganancias y lucrando con la vida de las personas”.

“Esto – según la JRP La Plata – refleja la especulación inmobiliaria y los negociados millonarios que algunos bien acomodados tienen la “oportunidad” de hacer dándole la espalda al pueblo, legitimados por la pluma de “la Justicia”, amparados por la complacencia de la clase política y defendidos por los palos de la policía”.

Además, señalaron que “es necesario ser contundente en esto: la tierra y la vivienda son Derechos Humanos, y tanto el Estado como la comunidad deben ser garantes de que esto sea para todas y todos”.

Y siguieron abordando con duras críticas lo ocurrido en Abasto: “En la ciudad de La Plata, tras la reforma del Código de Ordenamiento Urbano propuesta por el intendente Pablo Bruera y avalado por el Concejo Deliberante, se ha dado pista al sector inmobiliario y de la construcción para que dispongan de nuestro territorio y hagan lo que les resulte beneficioso, dejando a la comunidad en una situación de desamparo ante la falta de planificación y responsabilidad social, como nos demostró la tragedia evitable del 2 de abril de 2013”.

“Acá está la consecuencia de los años de desidia que vienen sufriendo los sectores populares como consecuencia de las políticas económicas de identidad noventista, donde los sectores que más acumulan pisotean a los que menos tienen, y condenan a generaciones anteras a ser víctimas de una lógica de mercado deshumanizada y nefasta”, afirmaron.

Por último, exigieron “al Estado, que termine con la represión como método de solución de conflictos y establezca prioridades para garantizar los Derechos de nuestra comunidad”, señalaron que hay “represión y violencia que sostienen un modelo provincial y municipal de fuerte matriz neo-liberal que excluye en lugar de incluir y ofrece palos en lugar de soluciones”, y pidieron "que las tierras sean expropiadas y se planifique la construcción de un barrio con los servicios públicos garantizados, dando a la comunidad un lugar digno donde vivir y criar a sus hijos, ofreciendo tierra, techo, salud y educación para todas y todos".