La conferencia de prensa tuvo lugar en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y estuvieron presentes la decana de la institución y concejal por el Frente Para la Victoria, Florencia Saintout, los concejales del Frente Progresista Cívico y Social, Gastón Crespo y Maia Luna, y el diputado Juan Cocino, además de familiares de víctimas de la inundación y miembros de asambleas barriales. La investigación, que comenzó por una presentación del Defensor Penal Juvenil, Julián Axat, resultó luego en una causa colectiva movilizada por presentaciones de otros actores que pusieron en duda la veracidad del número de fallecidos reconocidos por el Gobierno provincial, cifra que alcanzó los 78 en los días posteriores a la tragedia. Según detalló Arias, los resultados de la investigación indican que son 89 las personas que murieron a causa de la inundación, por lo que el magistrado instó a Provincia a que reconozca esa cifra y modifique los certificados de defunción mal labrados. “Esto es sólo un comienzo y no es definitivo, pueden aparecer más muertos por la inundación”, expresó Arias antes de detallar el proceso de la investigación que tuvo como eje tres principales hipótesis. En primer lugar, se investigó en torno a las víctimas que figuraban inscriptas en esa fecha pero no a causa de la inundación, es decir, que tenían otra causa de defunción en los certificados. Por otro lado, estaba la posibilidad de que hubiera víctimas no inscriptas en el Registro de las Personas pero sí en la morgue, situación que, según palabras de Arias, “parece descabellado pero no lo es”. Finalmente, otro posible grupo de víctimas eran los cuerpos que, según testimonios de vecinos, vieron flotando en los arroyos, donde no se realizó el rastrillaje correspondiente. Así, la investigación cuyos resultados comprueban que hubo al menos 11 muertos más que los que reconoció Provincia, saca a la luz un sistema judicial por demás irregular, en el que “es muy fácil esconder un cadáver”, situación que no es exclusiva de la trágica inundación sino que abre la incógnita sobre el general y habitual funcionamiento del sistema: “Cualquiera puede esconder cadáveres. Puede ser lo que les pasó a los desaparecidos en democracia”, resumió Arias. Durante la conferencia de prensa, el magistrado detalló los procedimientos irregulares que resultaron en la errónea identificación de las víctimas fatales. En primer lugar, Arias criticó la decisión del fiscal Condomí Alcorta de dejar su responsabilidad en manos de la Policía Bonaerense, que a su vez “instruía a los familiares de las víctimas para que vayan a una funeraria privada”. De ese modo, se inscribía a la persona fallecida con una causa ajena a la inundación y no eran judicializadas, por lo que no aparecen en el listado oficial. Por otro lado, se firmaron certificados de defunción por médicos forenses, lo que también resulta en muchas víctimas que no pasan por el sistema judicial, al igual que otros tantos casos en los que no se realizaron autopsias y se inscribió al fallecido con una causa ajena a la inundación. Finalmente, Arias se refirió a las “tumbas mellizas” que se identificaron recientemente en el cementerio platense, donde había al menos dos casos de cuerpos enterrados bajo el nombre de otra persona. Según el magistrado, no se identificaron en esos casos víctimas de la inundación pero sí había cuerpos enterrados desde hace algunos años que no se sabe quiénes son. Además, en el marco de la investigación hubo un allanamiento llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional, en el que se encontraron 70 cuerpos en la morgue, muchos de ellos sin una causa penal. En cuanto a las nuevas víctimas identificadas a partir de la investigación, el Juez explicó que no hay entre ellas ningún menor de edad y que ahora Provincia deberá modificar las actas y reconocerlos como víctimas de la inundación. Si bien, aclaró Arias, a la Justicia en lo Contencioso Administrativo no le corresponde juzgar a los responsables, se espera que a partir de ésta investigación surjan nuevas denuncias y los familiares que tengan información puedan aportar y “condicionar a la Justicia Penal”, para que actúe. Arias dijo además que el equipo de investigación “quedó sorprendido” con las irregularidades que encontraron, y que la principal responsabilidad recae sobre quienes están a cargo de la morgue. En ese mismo sentido, el Juez aclaró que “el Poder Ejecutivo no pudo haber computado todas éstas víctimas, pero debió dejar abierta la posibilidad”. Además de las 89 víctimas que se detallan en el nuevo listado, hay 16 casos dudosos por carencia de pruebas que se encuentran en una investigación en curso. Crédito foto: Macarena Leguizamón Buron