Un fallo judicial ordenó a las empresas de energía eléctrica que operan en la provincia de Buenos Aires que se abstengan a limitar, suspender o cortar el servicio por deudas a asociaciones civiles y mutuales protegidas por ley ante el impacto de la pandemia. La medida fue tomada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, a cargo de María Ventura Martínez, hasta tanto se resuelva el "fondo" del asunto o hasta que se venzan los plazos legales de la emergencia sanitaria establecidos para el beneficio de tarifa cero. El fallo judicial se dio tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Dirección de Asociaciones Civiles y Mutuales provincial. La intervención estuvo relacionada con los reclamos de estas entidades por los incumplimientos de las compañías eléctricas a los beneficios dispuestos por una ley provincial -de autoría del diputado del Frente de Todos Facundo Tignanelli- con el objetivo de "protegerlas de los efectos económicos relacionados a la pandemia". Puntualmente, las quejas de las asociaciones civiles y mutuales tuvieron que ver con que las distribuidoras no aplicaron la tarifa cero que debían facturar a las asociaciones civiles, declaradas de interés público provincial, durante el tiempo que durara la emergencia sanitaria. Entre las entidades figuraban clubes de barrio, centro de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes, entre otras. “A pesar de que la ley es clara en cuanto a los beneficios, las empresas no sólo la incumplieron sino que siguen facturando normalmente e incluso las han intimado con cortes por falta de pago", indicó Lorenzino. "Dicha ley fue aprobada por todas las fuerzas políticas de la provincia. Celebramos este fallo y esperamos poder avanzar con la tarifa cero en todos los servicios públicos de la provincia", agregó el defensor del Pueblo provincial. "Estamos ante un grave incumplimiento de las normas y una clara afectación de los derechos de las personas que son contenidas por estas asociaciones”, agrego el defensor del Pueblo. “Esta decisión representa un apoyo a los amplios sectores de la ciudadanía que asisten a estas asociaciones civiles no solo como espacios de socialización y esparcimiento, sino que debido a la pandemia también recurren a ellas para contención y auxilio”, puntualizó la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales Maite Alvado.