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Información General | 4 sep 2021

Promueven el derecho al voto de las personas internadas en instituciones de salud mental

Son más de 12 mil personas en todo el país las que se encuentran en esa situación


De cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre, organismos del Estado nacional implementaron una campaña para promover el derecho al voto de más de 12.000 personas que se encuentran internadas en instituciones de salud mental y discapacidad.
 

"No es suficiente con que los derechos estén establecidos en la legislación, hay que realizar acciones positivas", señaló a Télam Leonardo Gorbacz, director nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos.
 

Frente a ello el gobierno nacional creó la Mesa por el derecho al voto, que está conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el INADI, la Dirección Nacional Electoral, el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental y la Agencia Nacional de Discapacidad.

 

La Mesa determinó que entre los principales obstáculos que las personas en situación de internación encuentran para participar de las elecciones se encuentran: dificultades interpretativas de normas, para acceder al DNI, que se encuentra retenido por las instituciones o los familiares, también falta de acceso a la información, al chequeo del padrón, al sistema de emisión del voto y la participación política.

 

Por otro lado, también influye la movilidad y el acompañamiento el día de la votación y la gestión de las autorizaciones para poder salir de las instituciones.
 

"El hecho de tener un padecimiento mental no significa que una persona no pueda elegir sobre su vida, su tratamiento, el gobierno y los legisladores que vayan al Congreso Nacional. Y esa capacidad de elección tiene la misma cualidad que la de cualquier persona", reflexionó el funcionario.
 

El Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado en 2019, determinó que 12.035 personas estaban en esa situación en las 162 instituciones públicas y privadas relevadas en 21 jurisdicciones del país.
 

"A ese número habría que sumarle las personas que están en comunidades terapéuticas, que no se relevaron, y las que están en instituciones de discapacidad -dijo Gorbacz-. Estimo que estaríamos hablando de unas 20.000 a 30.000 personas. La mayoría de ellas no está en situación de crisis, sino de cronificación, es decir, no necesitarían permanecer internadas".



Ese tipo de casos, aclaró el funcionario, responde a "internaciones prolongadas por problemáticas sociales", en las cuales se combinan crisis de salud mental con situaciones de pobreza.
 

En este sentido, la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657  (LNSM) promueve que los externados puedan volver a revincularse con sus familias o a poder residir en la comunidad a partir de dispositivos como las casas con apoyo o de medio camino.
 

A su vez, Gorbacz recordó que "existía una inhabilitación para muchas de esas personas, que en el viejo Código Civil era la insania o incapacidad, que todavía sigue existiendo en muchos países".

 

A partir de ese paradigma tutelar, explicó el funcionario, se conformó la concepción que "las personas con problemas de salud mental graves no podían tener capacidad jurídica y autonomía para ejercer sus derechos y, por lo tanto, otra persona tenía que decidir por ellos", detalló.


El Censo de 2019 informó que, si bien "el 92 por ciento de las personas refirieron contar con DNI", de este grupo, "únicamente el 12 por ciento refirió tenerlo en su poder" y "el resto refirió que estaba en poder de la institución o de algún vínculo y/o familiar".

 

La campaña propone un trabajo conjunto con las provincias, las Defensorías del Pueblo, instituciones de salud mental y discapacidad, organizaciones de usuaria, organizaciones de Derechos Humanos y universidades "a fin de que en estas próximas elecciones podamos garantizar este derecho para la mayor cantidad de personas posible".

 

 

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