Al cumplirse veinte años de la desaparición de Rubén Darío Jerez, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el órgano internacional califique el hecho como un caso de desaparición forzada y exija al Estado argentino una investigación que permita conocer la verdad.

Este lunes se cumplen 20 años de la desaparición de Jerez y la investigación principal no tiene avances. Además, la causa por encubrimiento prescribió.

El caso aún se encuentra en etapa de investigación. La única línea que, por un momento, posibilitó el avance de la misma fue la causa conexa por encubrimiento que terminó con la absolución de los imputados por prescripción de la acción penal.

En la presentación realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CPM señaló que el Estado argentino "incumplió con su deber de investigar e incurrió en un retardo injustificado en el trámite de la causa".

Sobre el caso

Rubén Darío Jerez tenía 40 años cuando el 25 de octubre de 2001 salió de su casa en Santa Teresita para iniciar su jornada laboral; alrededor del mediodía, luego de visitar a un cliente, testigos lo vieron en la calle con un directivo de la empresa en la que trabajaba, Alejandro Muñoz. Esa fue la última vez que lo vieron con vida, su auto quedó estacionado con las ventanillas abiertas y los objetos personales en su interior.

Muñoz negó ese encuentro y fue imputado de encubrir su desaparición. Carlos Subirol, otro empleado de la empresa, que retiró el auto del lugar, alterando la escena, también quedó imputado.

A lo largo de toda la investigación se pudo dilucidar el vínculo entre la empresa financiera en la que trabajaba Jerez con funcionarios del Estado y como estos intentaron utilizar su posición en el mismo para lograr desviar el curso de la investigación.

Un hito de la causa fue el plan, ejecutado por funcionarios públicos, para que una persona con discapacidad mental se autoincrimine mediante amenazas y ofrecimiento de recompensa.

El ex director de Inspección general del Municipio de la Costa Cristian Ibarra y el entonces concejal Daniel López le hicieron copiar a Gustavo Gabriel Maidana una nota de puño y letra con el diálogo que debía repetir atribuyéndose la desaparición de Jerez.

A cambio de ello, e intermediando amenazas, se le enviaron materiales de construcción. El entonces secretario de gobierno del municipio, Jorge Grande, también participó de las maniobras para evitar que se conozca lo sucedido y en especial el paradero de Jerez.

Tras siete años de instrucción, la causa por encubrimiento fue elevada a juicio con cinco imputados: los tres funcionarios públicos y los dos trabajadores de la empresa vinculados con estos hechos.

Los imputados fueron absueltos por una valoración de la prueba producida pero la Cámara de Casación Penal anuló la sentencia y reenvió la causa a primera instancia para que se realice un nuevo juicio.

Según la CPM, "el organismo revisor tenía la posibilidad de dictar un veredicto de culpabilidad que no utilizó sin mediar explicación alguna. Tampoco se expidió sobre la naturaleza de desaparición forzada de los hechos considerados como probados".

"La dilación de los recursos y las subsiguientes apelaciones de los imputados, llevó a que la causa fuera remitida recién en 2017. Así las cosas, al no estar caratulada como desaparición forzada, el tribunal de primera instancia declaró la prescripción de la acción penal que la Cámara de Casación confirmó el 16 de mayo de 2019", sostuvo el organismo de derechos humanos. 

Además, mencionó la CPM, no se solicitó el cambio de jurisdicción y por tanto el tratamiento diferenciado de la situación a nivel federal, la Policía Bonaerense no fue apartada de la investigación a pesar de las sospechas sobre su participación en el hecho que denunció la familia de Jerez.