El fin de semana publicamos en Info Blanco Sobre Negro una nota que daba cuenta de un criemen ocurrido en  una comisaría de San Clemente del Tuyú. Señalábamos: "El jueves pasado Alejandro Martínez fue detenido por la Policía Bonaerense y llevado a una comisaría de San Clemente del Tuyú. Murió en el calabozo. Este domingo, luego de la autopsia, nueve policías fueron detenidos acusados de tortura seguida de muerte. Había sido detenido por una contravención".

Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) los policías armaron una versión coincidente para hacerla pasar como muerte natural. "En la autopsia se descubrió que lo habían matado. Otra vez la policía armando versiones falsas ante hechos de violencia", denunció el organismo. 

Los investigadores accedieron más tarde al testimonio de otro hombre detenido en esa comisaría. Contó que la víctima había llegado a la seccional "un poco exaltada", y que los policías "comenzaron a apretarlo contra el piso".

Los uniformados Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra fueron acusados por “Tortura y abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Además, Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo, fueron acusados de ser partícipes necesarios del homicidio, por el delito  de “omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte”.

Martínez, la víctima, había estado detenido un día antes del crimen en la misma dependencia policial, por una llamada que denunciaba actitudes extrañas del hombre en la vía pública. Era, según puede especularse ahora, el inicio de algún brote o desorden psíquico. 

Esto explica lo que ocurrió más tarde. De regreso en el hotal comenzó a delirar. “Subimos y se escuchaban gritos de él, como pidiendo ayuda. Abrimos la puerta y lo escuchamos decir que lo querían matar. No intentó hacernos nada, sólo se quedó contra la pared”, contó la recepcionista del hotel. Luego llegaron dos patrulleros y se llevaron detenido a Martínez.

En pleno brote, el hombre gritaba que se derretía, que se electrocutaba y que se le derretían los brazos. ¿Estaba en condiciones de ser detenido como un preso normal? ¿Ser alojado en un calabozo como si fuera un delincuente, o alguien sospechado de haber cometido algún ilícito?

Laura Lagana, de profesión abogada y ex esposa de Martínez, expresó tras la muerte del hombre: ”Claramente fue un homicidio, lo mataron a golpes". 

"Están tratando de encubrir a los policías acusados”, señaló  luego de que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pusiera en duda el resultado de la autopsia.

La letrada aseguró: “No es cierto lo que dice Berni, están encubriendo a los policías. A nosotros, primero la Policía nos dijo que murió de un infarto por sobredosis y que murió en la vía pública, y después resulta que apareció todo golpeado en un calabozo”.

Según consignó el portal Infobae, el fiscal Gamaleri, que ya remitió la causa a la fiscalía natural del caso (la UFI N°2), entre la medianoche y la 1.50, los nueve policías detenidos, cuatro mujeres y cinco hombres, “planificaron para dar muerte, asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado.

El fiscal precisó el papel que desempeñó de cada uno de los uniformados: tres de los policías, Munche, Rohr y Pereyra, “ejecutaron una extrema violencia física” a Martínez y durante “diez minutos” le propinaron “golpes de puño y aplastaron varias partes de su cuerpo mediante diversas maniobras”, lo que produjo lesiones múltiples que le provocaron la muerte. 

Los otros seis acusados, cuatro de ellas mujeres, “brindaron la cobertura necesaria para que no corrieran ningún tipo de riesgo, y asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo, proporcionaron el ambiente necesario y circunstancias” para obtener el resultado planificado, que sería -según la hipótesis de la investigación- la muerte del detenido.

Los nueve policías fueron desafectados de la fuerza por la Dirección General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad Bonaerense.

 

Un caso similar que quedó impune

El sitio Infobae publicó: "El 10 de octubre de 2019, Gisela -de 35 años en ese momento- fue detenida por efectivos de la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú tras protagonizar un accidente de tránsito. A bordo de una moto y en contramano, la mujer había golpeado el espejo de un auto que justo salía de un hotel ubicado en la calle 13 de la ciudad costera, perdió el equilibrio y cayó. El choque fue menor. Gisela y el amigo que la acompañaba (dueño de la moto) resultaron ilesos, mientras que la dueña del vehículo, exaltada, llamó inmediatamente a la policía. Knorr fue llevada a la dependencia".

"Horas después fue víctima de una brutal golpiza mientras estaba alojada en el interior de uno de los calabozos. Hay un dato que no es menor. La mujer padece un trastorno de bipolaridad y sufría de adicción a las drogas. Lo correcto en ese caso hubiese sido que los efectivos llamaran a la familia de Knorr para informarles de lo ocurrido. Sin embargo, la esposaron y la encerraron en el calabozo", agregó. 

El mismo portal señaló que la detención afectó casi de inmediato el estado mental de la mujer, que empezó a gritar y a patear las rejas de la celda para pedir su medicación psiquiátrica. Y agregó:

Sin embargo, en lugar de asistirla, primero la amenazaron para que se callara. Golpes de puño y patadas contra la puerta de la celda fueron la única manera que encontró para llamar la atención de los efectivos de la comisaría. Nada servía hasta que de un momento a otro se dio inicio a una secuencia -siempre según el relato que dio ante la Justicia- llena de violencia.

“Quién es la loquita que grita”, habría dicho el comisario Romero para luego ingresar, furioso, al calabozo y golpear varias veces el rostro de la detenida. “Gisela quedó de rodillas y luego le dio no sé cuántas piñas más. Le desfiguró la cara”, relató Noelia en ese entonces, para luego hacer la denuncia por “violencia institucional” ante la UFID N° 1.

“Yo te voy a enseñar cómo se respeta a la comisaría, yegua hija de puta, drogona de mierda”, fueron parte de los insultos que presuntamente le profirió Romero. En ese momento, la mujer perdió prácticamente el conocimiento y finalmente fue llevada al Hospital Municipal de esa localidad, donde quedó internada y fue entrevistada por un equipo de psicólogos, algo clave para descubrir la verdad.

Por la gran cantidad de golpes, Gisela no pudo identificar a la persona que la había agredido. No pudo decir en ese momento que había sido Romero, según su relato. Estaba confundida y había cosas que no recordaba. Salvo por un detalle: la vestimenta del golpeador. Knorr le contó a los profesionales que la atendieron que el hombre que la atacó era de “contextura alta, vestido de remera blanca con un logo en el medio, camisa a cuadrille y un jean”. Hasta ese momento parecía la descripción de un civil. Sin embargo, sucedería algo que cambiaría todo.

Algunas horas después, al hospital llegó un hombre vestido exactamente igual al relato de la mujer, que se identificó como el comisario Romero y que venía a buscarla a Gisela para que continuara con la declaración. Una de las psicólogas que había hablado con la víctima inmediatamente se dio cuenta de que el jefe policial podía ser el presunto atacante y junto con otros dos colegas no permitió que Knorr fuera trasladada.

Varios días después, Gisela pudo declarar y contar lo que le pasó. Se inició la investigación y a Romero lo retiraron de la Comisaría. Al día de hoy, no hay nadie condenado por aquella tortura, ni mucho menos algún responsable político. “De la causa no tuve más noticias pero a raíz de lo que pasó la semana pasada, pienso ver en qué está todo”, advirtió Noelia.

En el expediente, los policías declararon que las lesiones fueron autoinflingidas, un viejo argumento esgrimido por las fuerzas de seguridad que son acusadas en casos de violencia institucional . En ese sentido, la hermana de la víctima recordó que si hubiese sido así, los golpes habrían sido en la cabeza y en la frente. “Si se hubiera golpeado con las rejas, los ojos no los hubiese tenido tan lastimados. Es todo mentira”, recordó Noelia.

Después de que el caso tomó estado público y las imágenes se viralizaron en redes sociales, el concejal Marcelo Pavka presentó un proyecto de ordenanza en el que expresó su repudio contra la agresión y en el que pidió al Ministerio de Seguridad bonaerense que aparte preventivamente de su cargo al comisario mientras se lleva adelante la investigación.

 

Todas las fotos de los golpes fueron aportadas por la hermana de la víctima

 

En ese momento la divulgación del caso en este medio contribuyó al traslado de Romero, sumado a la presión legislativa. Infobae dialogó con Pavka, quien dijo que en ese momento, presentó una resolución para que no sólo lo removieran sino que Asuntos Internos de la Policía bonaerense hiciera un seguimiento del caso. Como el caso coincidió con el cambio de gobierno entre la administración de María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, la iniciativa se terminó aprobando recién en 2020. “Para hacerlo tuvimos que eliminar un artículo que hacía referencia a la ‘Doctrina Chocobar’ porque la oposición de Juntos por el Cambio así lo pidió”, explicó el concejal a este medio.

Después de eso, desde el Concejo no se le pudo seguir el rastro a Romero. Apenas supieron que lo trasladaron al Conurbano, aunque no tienen conocimiento de dónde puede estar cumpliendo funciones. “Hay que terminar con esto de los traslados como castigo único. Cuando algo así pasa, lo hacen es mandarlos a una departamento más chico. Igual que la Iglesia en los casos de curas abusadores”, reclamó el edil, quien otra vez pidió desde el Concejo una rápida resolución del crimen de Alejandro Martínez y expresó repudio por la nueva acusación contra la Policía.

Gisela hoy pudo rehacer su vida. Trabaja temporariamente en hoteles de San Clemente del Tuyú como mucama. Sigue un tratamiento psiquiátrico en el hospital municipal y está saliendo adelante como puede. “El personal de Salud Mental se portó muy bien con ella y por fortuna no terminó muerta. Yo la verdad no puede seguir el caso como hubiese querido porque para eso hay que tener una abogado y no tengo los medios económicos para hacerlo. Pero con esto que pasó, vamos a reactivar todo como pueda”, insistió.