domingo 16 de enero de 2022 - Edición Nº 29.188

Opinión | 1 dic 2021

Un análisis económico del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

"No solo Argentina tiene la necesidad de cerrar un acuerdo sino también el propio organismo internacional"


Por: Fabián Medina

Desde hace ya mucho tiempo conocemos que nuestro país corría con muchas ventajas en el tema de la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero desde que se conocieron los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en ese organismo multilateral le doblegaron el brazo a la actual directora Kristalina Giorgieva.

Consecuencia de ello es que nunca salió ni va a salir el dictamen de la Oficina Interna de Evaluación de Créditos -IEO, su sigla en inglés- en la cual se hallan los dos acuerdos firmados por nuestro país en 2018 para determinar su legalidad con referencia a su propia Carta Orgánica con a la prohibición expresa de los artículos 4 (límites de préstamos a los países miembro) y 6 (generación de activos externos/fuga de capitales).

Desde el mes de agosto pasado ya se conoce que el negociador, desde enero del 2022, será el ex presidente del Banco Central de Brasil que posee la idea de tratar de cobrarle a la Argentina el total del préstamo transferido a nuestro país, o sea 45 millones de dólares, aunque se hayan otorgado traspasando los límites prestables en casi cinco veces y el destino otorgado sea contrapuesto a la generación de activos externos tal como declaró públicamente el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri en los medios de comunicación hace 15 días atrás.

A lo expresado en el párrafo anterior, nuestro país y el FMI realizarán desde el 6 de diciembre reuniones técnicas de entendimiento al mismo tiempo que se remitará al Congreso Nacional el Proyecto de Ley Plurianual Económica -los que algunos llamamos simplemente un Presupuesto Financiero para los próximos años, a semejanza de los viejos Planes Quinquenales o Trienales- con datos estimados en cuanto a la brecha del tipo de cambio más inflación, PBI y cuotificaciones, y como se van a juntar los dólares en el Banco Central de la República Argentina (acumulación de capitales) para hacer posible el repago de la deuda de acuerdo al Plan de Facilidades Extendidas con el objetivo de generar la carta de intención al finalizar estas reuniones técnicas.

A partir del momento que se realiza la carta de intención o memorándum de entendimiento, puede ser anunciada durante la semana del 13 y luego ser aprobada en conjunto con la baja de tasa de sobreendeudamiento del 4 al 1,05% y la Creación del Fondo de Resiliencia con los DEGs otorgados a los países desarrollados en 2021 en la reunión anual del “Boarding del FMI” (Junta Directiva).

Como resultado de esa aprobación, el próximo negociador tendrá límites que no podrá traspasar al firmar el acuerdo de facilidades extendidas entre fines de enero y principios de febrero 2022. Dicho acuerdo será a 10 años con cinco de gracia para el pago de capital siendo cuotas trimestrales iguales y consecutivas desde mediados de 2026 (desde 2024 pagaría intereses) en adelante con la prerrogativa que si el FMI en un futuro genera planes a mas de 10 años nuestro país se incorporará en forma automática a esa nueva modalidad recalculando las cuotas posteriores. Los pagos realizados entre septiembre pasado e incluso este diciembre se devolverían al BCRA.

A posteriori del anuncio de la carta de intención va a empezar a caer fuertemente el riesgo país hasta niveles cercanos a 1.100 puntos básicos y apreciándose fuertemente los bonos de la deuda que hoy se encuentran entre 0.30 y 0.34 centavos de dólar a los niveles establecidos en dicha negociación que es de 0.53 por cada dólar, lo mismo que los rendimientos del mercado bursátil (CEDEARS y acciones).

Entendamos que no solo Argentina tiene la necesidad de cerrar un acuerdo sino también el propio FMI, puesto que este préstamo representa casi el 50% de los fondos prestables; o sea, si Argentina no cierra el acuerdo el mismo FMI puede entrar en convocatoria de acreedores por realizar un préstamo político a un gobierno que se estaba yendo de la administración por sus propias maniobras económicas entre el  15 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019.

* El autor es economista y tributarista

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