La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó este viernes, en la Plaza de Mayo de Capital Federal, su informe sobre la situación de violencia institucional en la Argentina en el contexto de la pandemia de COVID-19, donde consignó que se registraron “981 muertes” a manos de integrantes de la fuerzas de seguridad “en los últimos dos años”.

En el trabajo, los referentes de Correpi señalaron que “se triplicaron los decesos en lugares de detención”, lo que representa “más del 70% de las muertes por violencia institucional”.

“El incremento brutal de muertes en lugares de detención fue consecuencia directa de las decisiones que se tomaron, de que pesara más la campaña reaccionaria de la derecha que los reclamos y las advertencias de organismos, organizaciones, familiares y las propias personas privadas de su libertad de que esto iba a ocurrir”, señaló a la agencia  Télam la abogada de la organización, María del Carmen Verdú.

“Una de las primeras advertencias que tuvimos cuando comenzó la pandemia fue ‘cuidado con las cárceles’ porque en la situación de hacinamiento si entraba el virus iba a ser una masacre, por eso empezaron las protestas de los internos”, agregó . 

“Hay muchas medidas que están en la agenda antirrepresiva urgente. Si se implementaran podrían no solamente limitar mucho la ilegalidad con la que actúan las fuerzas policiales en la calle sino también controlar un poco el nivel de impunidad”, destacó la dirigente. 

Verdú propuso “la prohibición” del uso del arma reglamentaria a todos los efectivos las fuerzas mientras se encuentran fuera de servicio y de civil y “acceso gratuito” al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión, entre otras acciones. En el documento también se señaló que “la situación económica y social ya es crítica y el acuerdo con el FMI la va a agudizar”.

“Vemos con enorme preocupación la decisión del gobierno nacional y de los gobiernos locales, de aumentar la presencia represiva en las calles como método de control social para frenar las luchas que tendremos que dar en unidad contra todo el intento de ajuste contra el pueblo trabajador”, remarcó. En el acto se recordó a todas las personas asesinadas el 19 y 20 de diciembre de 2001.

El archivo de casos contiene a la fecha 8.172 víctimas de violencia institucional desde 1996, y en 2020 se verificaron 537 las personas muertas por responsabilidad estatal, según se consigna desde la Correpi.

Durante los once meses que van de 2021 se registraron 417 personas muertas en lugares de detención por gatillo fácil o por otras modalidades.

También se destacó que “la fuerza (policial) dirigida por el jefe de Gobierno porteño multiplicó por cuatro su incidencia, pasando del 1,2% al 5,2%, y ya es una fuerza más letal que la temida bonaerense si se toma en cuenta los 121 asesinatos cometidos en estos cinco años o los 51 de los últimos dos años”. Además, el informe arrojó que “el 40% de las personas asesinadas tenían 25 años o menos".