La FAPS justificó el copago porque, asegura, los prestadores (hospitales, clínicas, sanatorios, servicios de emergencia médica, geriátricos y otros establecimientos de la sanidad) prestan sevicios "con ingresos regulados y atrasados respecto a la inflación, lo que genera un desfasaje económico que pone en peligro la sostenibilidad del sistema".

En un comunicado señaló que "surge la necesidad de financiar el pago de salarios, entre otros gastos, a través del cobro de un copago que quedará a cargo de cada paciente de prepagas y obras sociales de dirección".

En todo el país hay 33 millones de personas integran el sistema de salud privado, lo que representa un 70% de la población.

De esos 33 millones, 6,5 tiene prepagas, y de los afiliados a las prepagas, 4,5 con corporativos y el resto la contrata de forma independiente.  

Además, las prestadoras plantearon la posibilidad de comenzar a exigir nuevos copagos a los afiliados del resto de los financiadores del sistema, las obras sindicales sociales y provinciales, con el fin de cubrir costos operativos en caso de que no actualicen los valores de las prestaciones.

Entre las prepagas y obras sociales que están comprendidas por la medida están Swiss Medical, OSDE, Cemic, Femedica, Galeno, Medife, Medicus, Omint, y Obra Social Luis Pasteur.