El 31 de enero de 2019 la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) acompañó una denuncia de las trabajadoras del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata contra el juez José Villafañe por violencia laboral y de género pero desde el gremio aseguraron que la causa sigue sin resolución y exigieron "una respuesta urgente" a la Suprema Corte. 

Según la AJB, "la denuncia detalla los malos tratos, los gritos, las amenazas, la discriminación, la delegación de funciones y los abusos de poder perpetrados en el ámbito laboral por Villafañe, especialmente dirigidos hacia las mujeres del organismo". 

"A lo largo de los años, varias trabajadoras fueron trasladadas a otras dependencias a raíz de los maltratos recibidos por parte del magistrado", agregaron desde el sindicato, que resaltaron el "maltrato" contra trabajadoras embarazadas "ocasionando daños en su salud y su situación laboral". 

"En uno de los casos, el diagnóstico de retardo del crecimiento intrauterino por situación de estrés laboral obligó a la trabajadora a hacer uso de una licencia por enfermedad, que luego motivó que el magistrado le negara el derecho al ascenso a un cargo de mayor jerarquía que por idoneidad y antigüedad le correspondía", aseguraron las denunciantes. 

Además, la AJB resaltó que en una oportunidad el juez "le manifestó a otra trabajadora que así no le servía, haciendo alusión al embarazo que se encontraba cursando y solicitando su desafectación de la dependencia por ese motivo". 

"Los hechos mencionados son de suma gravedad y además se dan en un contexto general de violencia y sobrecarga laboral, donde la delegación de funciones y la extensión de la jornada laboral es instalada bajo amenaza de sanciones por parte del mencionado juez", señalaron desde el gremio, y agregaron que " la manipulación incluía el recordatorio a las trabajadores de que ´había lugares peores´ y que ´gracias a el tenían trabajo´".

"La dilación de la Suprema Corte para dar respuesta a las denuncias realizadas funciona como garantía de impunidad y no hace más que agravar la situación de violencia que debieron y deben seguir soportando las y los trabajadores ya que el magistrado sigue ocupando su cargo", denunció la AJB. 

Para el gremio "el hecho de que los procesos disciplinarios en esta materia transcurran sin tener como parte a las denunciantes junto al sindicato impiden el control de la prueba y la vista del expediente en las diferentes etapas del procedimiento, y constituyen una clara vulneración de los derechos consagrados en la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres". 

Por último, la AJB exigió "la implementación de un protocolo para casos de violencia de género en el ámbito laboral y la modificación de los procedimientos disciplinarios con perspectiva de género" y aseguraron que, en los últimos tiempos, "se obtuvieron algunos avances significativos como la revisión completa de procesos que habían transcurrido sin esta perspectiva".