El problema del hacinamiento y las graves violaciones a la dignidad humana en nlas cárceles se repiten en todos los países donde la distribución del ingreso es desigual y el Estado no encara una firme política para que los lugares de encierro favorezcan la reinserción de los detenidos en la sociedad.

Pese a tibios anuncios, en Argentina esa situación no mejora, y año tras año se repiten los motines en reclamo de mejores condiciones de detención. Es un gran fracaso de la "política del parche", barnizada con actividades a las que acceden pocos detenidos y mucha corrupción en el servicio penitenciario. 

En un contexto diferente, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el martes un indulto general para reducir el hacinamiento en las cárceles del país y la creación de la Policía Comunitaria para ofrecer un mejor servicio a la población.

"Los presos procesados serán separados de los condenados para disminuir el hacinamiento en los centros penales", señaló Castro.

Lo hizo "durante una ceremonia en la que recibió el bastón de mando de la Policía Nacional",  según un comunicado de la oficina de prensa del Ejecutivo.

El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 30 cárceles, alberga a unos 22.000 reclusos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los presos han sido condenados.

Las cárceles de Honduras son consideradas una “bomba de tiempo” por el hacinamiento, los problemas de infraestructura y un alto número de presos en detención preventiva.