El ex comisario y represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, junto a una decena de civiles, militares y policías retirados fueron procesados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico militar.

La decisión fue tomada esta semana por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, en el marco de una serie de procesamientos que involucraron más de un centenar de víctimas en las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno.

Es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans es tenido en cuenta en el marco del terrorismo de Estado, por lo que se espera que el jucio al represor sea histórico y tenga mayor trascendencia que muchos anteriores.

También es de suponer que los hechos serán tratados en el juicio oral que se desarrolla desde hace más de dos años sobre las violaciones a los Derechos Humanos que tuvieron lugar en aquellos años de opresión.

En el Pozo de Banfield se cometieron crímenes que tuvieron por víctimas "a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar", señaló Kreplak. 

Lo hizo en uno de los tres autos de procesamiento que dictó en las causas que investigan los crímenes en los campos de concentración que funcionaron en la ex División Delitos Contra la Propiedad y Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Brigadas de Investigaciones de la Bonaerense en Quilmes y en Lanús.

Las resoluciones del magistrado acompañan a un trabajo conjunto de la Fiscalía federal, las querellas que representan a sobrevivientes, familiares de víctimas y al Estado, al que se sumó personal del Juzgado de Instrucción Federal Nº 3 de La Plata, que tuvo como objetivo completar el mapa de violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en esos tres centros clandestinos.