La cabeza del ministro Guzmán se ha convertido en un caballito de batalla de CFK y La Cámpora. No es, sin embargo, una disputa de cargos: Guzmán tuvo a su cargo la tarea fundamental del gobierno de “Todos”, a saber, los acuerdos con los acreedores internacionales y con el propio FMI. Por eso, la fractura de la coalición de gobierno es el fracaso de la operación de encauzamiento de la deuda pública y privada internacional del país. La crisis de financiamiento del Estado y la burguesía es el telón de fondo de la crisis de poder.
 

Argentina en defolt

Después de esas reestructuraciones y acuerdos de deuda, Argentina continúa en cesación de pagos, pues la deuda pública en dólares cotiza al 30/33 de su valor de face, y empieza a caer la que está en pesos, a pesar de que ajusta por dólar o inflación. Un informe financiero (GMA Capital) asigna una probabilidad de una nueva “reestructuración” de esa deuda del 60% para el año 2024, cuando debería comenzar a pagarse el capital de la misma, y del 82% un año después. La previsión de un “evento” (defolt) de la deuda argentina hacia 2024/2025 se debe a que en esos años comienzan los vencimientos significativos. Por ese motivo, el Estado y la burguesía no tienen actualmente acceso al mercado financiero internacional.

En el caso de la deuda pública en pesos, 90% de esos títulos, que suman el equivalente de unos 40.000 millones de dólares, tienen un plazo de renovación no mayor a 8 meses. A fines de abril, el Tesoro no pudo renovar la totalidad de sus vencimientos. Eso significa que Guzmán-Fernández han agotado su única cantera de financiamiento. Las cotizaciones de los títulos de deuda en pesos que vencen antes y después de 2023 registran una gran disparidad, aunque hacia la baja.
 

Guerra y crisis mundial

El “desinfle” de la renovación de deuda local se conecta con la crisis mundial y la decisión del banco central norteamericano –Reserva Federal- de subir la tasa de interés. Estas medidas obedecen a la necesidad de contener la inflación, que es de un 10% anual, y revertir el déficit comercial, que es de 100 mil millones de dólares anuales. El Tesoro norteamericano ha puesto en marcha la operación “aspiradora”, para recuperar, de un lado, parte del rescate en favor de las corporaciones capitalistas otorgado durante la pandemia, y para financiar la escalada militar, del otro. A los lectores de nuestra página les recomendamos releer los “lineamientos políticos nacionales” que precedieron al reciente Congreso de Política Obrera: “La pandemia y el deterioro de las condiciones financieras internacionales no ofrecen una opción de rescate indoloro para Argentina: ha resurgido la inflación de precios y se renueva una tendencia a la desvalorización de la deuda pública de los países ‘centrales’, y por lo tanto a un aumento de la tasa de interés internacional. Este mismo fenómeno, aunque acotado en el tiempo, selló en 2018 el destino del gobierno de Macri”. Como en aquel momento, la demanda de dólares financieros o paralelos de estos días se ha reforzado.

En ese mismo texto señalábamos que “todas las crisis de poder en Argentina han sido precedidas por una crisis de financiamiento del Estado”. Por su parte, la burguesía industrial no renueva su capital fijo ni tampoco puede comprar insumos de origen importado. Los dólares de los agroexportadores no han reforzado en un ápice las reservas internacionales. La crisis mundial y la guerra han barrido con los pronósticos “provincialistas” de oficialistas y opositores, incluso de aquellos que reducen sus expectativas a ´llegar al 2023´.
 

Tarifas y salarios

La inflación galopante es la resultante de todos estos desequilibrios. La disolución de la moneda como reserva de valor expresa la insolvencia financiera del Estado. Es en este escenario que llegan los tarifazos sobre el gas y la luz, una condición inexcusable del acuerdo con el FMI. El 6% que prevé la inflación ocurrida en abril achica el margen de Guzmán, quien goza del apoyo total del FMI. El Fondo ya advirtió que la inflación es un síntoma negativo, pero que su importancia es secundaria con relación a aumentar las tarifas, para, dice, bajar el déficit. Pero su objetivo es otro: producir una enérgica privatización de las empresas del Estado, las jubilaciones y la educación. Lejos de oponerse a este verdadero ajuste, el cristinismo impulsa la subvención petrolera en Vaca Muerta y la financiación estatal de los gasoductos. Por otro lado, plantea aumentar las retenciones a las exportaciones agrarias y desacoplar los precios internos de los internacionales –no solamente gravar, por única vez, la ganancia inesperada, como propone Guzmán-. En definitiva, busca cobrar el peaje que cree merecer por el apoyo a la guerra de la OTAN.

Si la crisis fiscal y del financiamiento del Estado es la base granítica de una crisis de poder, la inflación lo es de la incorporación de nuevos contingentes sociales a la lucha, como ocurre con una porción creciente de la clase media que no puede pagar alquileres ni expensas. Es lo que advierte una encuesta reciente de Latinbarómetro, que destaca el porcentaje creciente de ese sector que comienza a involucrarse en manifestaciones (Clarín, 2/5).

La tendencia a la crisis del Estado y de su régimen, y la tendencia a la lucha, tienen sólidos fundamentos económicos.