Un efectivo de la Policía Bonaerense Cristian Alejos fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Quilmes a la pena de 18 años por el homicidio simple de Matías Banuera, de 14 años de edad, asesinado por la espalda con un disparo en la cabeza el 29 de julio de 2017 por la noche mientras caminaba por el barrio con otros amigos. 

El Tribunal, integrado por los jueces Félix Gustavo Roumieu, María Cecilia Maffei y Rodrigo Gabriel Bagini, condenó al agente de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOI) Cristian Alejos a la pena de 18 años pero sin los agravantes que había solicitado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como representante del particular damnificado.

Dichos agravantes, según la CPM, eran la condición de funcionario público del policía Alejos y la particularidad de que las víctimas (Matías iba junto a su amigo Franco de 13 años que no fue alcanzado por los disparos) eran niños y no iban armados.

Además de este último, fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por encubrimiento otros dos polícias - Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa- ya que no dieron aviso al servicio de emergencias ni formularon la denuncia del asesinato.

De haber considerado la pertenencia a la fuerza de seguridad, conforme lo solicitó la CPM, a estos dos agentes  les hubiera correspondido una pena de hasta seis años por el agravante del tipo penal. 

Ninguno de los tres policías irán a la cárcel hasta que la sentencia quede firme, según lo que consideraron por mayoría los jueces Roumieu y Bagini. En disidencia, la jueza Maria Cecilia Maffei había dispuesto que la pena sea de cumplimiento efectivo.

La magistrada consignó en su voto en minoría que “corresponde revocar la morigeración (…) ya que el dictado de una sentencia que impone pena grave de prisión a cumplir importa un sensible aumento del riesgo de fuga que es necesario evitar de modo de asegurar la ejecución de la sanción que se espera como resultado del procedimiento, una sentencia no firme de carácter condenatorio con una pena de 18 años de prisión implica un aumento relevante de los peligros de frustración”.

En la instancia de alegatos, la CPM reiteró la inexistencia de atenuantes para los tres policías, como el pretendido exceso en el ejercicio de funciones o la legítima defensa invocados por las defensas de los imputados. "Los cuatro policías de civil que participaron no informaron el hecho a sus superiores, huyeron del lugar y luego inventaron un robo que no existió", aseguró el organismo provincial.