Luego de un allanamiento realizado en las últimas horas, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) rescató 22 perros que se encontraban hacinados en jaulas, sin condiciones de higiene y en pésimo estado de salud, y eran ofrecidos en internet por dos millones y medio de pesos.

Según fuentes oficiales, de las tres personas imputadas por actos de maltrato y crueldad animal, una quedó detenida por su mayor participación en los hechos investigados.

Todo comenzó con la denuncia de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sobre la existencia de un criadero ilegal en un domicilio del Parque Chas, en la zona de la calle Andonaegui al 1600.

A partir de ese momento, el fiscal Carlos Rolero Santurián encomendó la investigación al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad, que a través de tareas de campo y en la web pudo comprobar la existencia del criadero ilegal que vendía cachorros a través de internet. El allanamiento fue dispuesto por la titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 28, Julia Correa.

Algunos de los animales tienen graves problemas de salud y enfermedades como cáncer, colecta uterina y neoplasia en piel, entre otras, según diagnosticaron los médicos veterinarios que participaron en el procedimiento. También se encontraron libretas sanitarias apócrifas, firmadas por uno de los imputados, sin título habilitante de veterinario.

La UFEMA dispuso el secuestro de las jaulas y otros documentos relativos a la comercialización de perros y la imputación de tres personas responsables por actos de maltrato y crueldad animal. Una de esas personas, permanecerá detenida por su mayor participación en los otros hechos investigados.

Los perros, entre ellos adultos y cachorros de la raza Bulldog francés y Pug, fueron entregados a una ONG para su tratamiento, recuperación y posterior puesta en adopción responsable y la Agencia de Protección Ambiental dispuso la clausura de la actividad criadero por tratarse ser ilegal en Capital Federal.

El allanamiento fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y contó con la participación de la División Delitos Ambientales y División Canes de la Policía de la Ciudad, veterinarios de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y organismos de la Agencia Gubernamental de Control.