Un grupo de padres y madres de un colegio privado de la localidad Villa Rosa, Partido de Pilar, denunció que la institución dejó sin vacantes a ocho alumnos con discapacidad.

Según contaron los denunciantes, durante la reunión que mantuvieron con el dueño del Magno College, Boix Mansilla, éste les dijo que el colegio es “como un departamento que está en alquiler, y que él puede decidir año a año renovarle al inquilino el contrato”.

De acuerdo a los padres, el aviso donde les informaban que no habría rematriculación para sus hijos fue notificado por correo y luego tuvieron una reunión para conversar sobre esa decisión.

“El dueño del establecimiento dijo que la presencia de mi hijo ‘baja la vara de la escuela’”, contó a TN Pablo Basz, padre de un nene de diez años que tiene Síndrome de Hunter, lo cual lo afecta neurológica y físicamente, y uno de los afectados.

Según contó Pablo, el dueño del colegio también le dijo que “Emanuel no habría sido matriculado por ninguna otra escuela ni lo va a ser y ninguna empresa le va a dar empleo el día de mañana”, y agregó que la escuela era un modelo de inclusión pero con la nueva directora eso cambió y empezaron a notar “obstáculos”.

En tanto, los papás de los nenes con discapacidad contaron que la reacción de sus pares y los compañeros de sus hijos fue totalmente contraria a la de la escuela, y que les expresaron sus deseos de que puedan seguir yendo al colegio. “Muchos padres eligen la escuela por los valores que representan y hay mucha preocupación en este sentido”, afirmaron.

Al respecto, el Ministerio de Educación de la Nación explicó que se enteró de la situación durante el fin de semana largo y que este martes se presento en el lugar pidiendo a la escuela que notifique los motivos de la decisión.

“No hay nada peor que te persigan con la enfermedad de tu hijo, pero además de que fue doloroso, antiético y durísimo es ilegal”, señaló el papá de Emanuel, que de todas formas resaltó quje quiere dar una pelea para que la escuela revierta la decisión.

Ante la situación, los padres realizaron una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Defensoría del Pueblo bonaerense.