Los sistemas educativos viven hoy un escenario particular de crisis que favorece la posibilidad de una transformación. El mundo cambió pero la educación sigue igual, por lo que modificar esta situación pasó de ser un deseo a una necesidad.

En esta línea, instituciones y organizaciones internacionales abogan por el futuro y resaltan la obligación de los gobiernos de garantizar el derecho a una educación de calidad y de favorecer su potencial transformador como vía para un futuro colectivo sostenible.  

En este sentido, la UNESCO  lanzó una iniciativa mundial para “replantear cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden conformar el futuro de la humanidad y del planeta”. De esta acción, nace el informe “Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación”.

En el mismo se promueve la necesidad de un nuevo contrato social para la educación, basado en los derechos humanos y en los principios de no discriminación,  justicia  social,  respeto  a  la vida, dignidad humana y diversidad cultural.

Así, el informe presenta propuestas para esta renovación que abarca una pedagogía que debe  organizarse en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad; la inclusión de una comprensión ecológica de la humanidad en los planes de estudio que reequilibre la forma en que nos relacionamos con la Tierra como un planeta vivo y como nuestro único hogar; y mayor profesionalización de la enseñanza reconociendo a los docentes por su trabajo como generadores de conocimiento y figuras clave  en  la  transformación  educativa  y  social. 

Además, resalta que las escuelas deben ser sitios educativos protegidos, ya que  promueven  la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo y deben reimaginarse para promover mejor la transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. Sumando a ello la utilización de la tecnología de manera inclusiva.

Asimismo, el documento destaca que “la comunidad internacional tiene un papel clave que desempeñar para ayudar a los actores estatales y no estatales a alinearse en torno a los objetivos, las normas y los estándares compartidos necesarios para hacer realidad un nuevo contrato social para la educación. En este contexto, se tiene que respetar el principio de subsidiariedad y deben fomentarse los esfuerzos locales, nacionales y regionales”.

Este informe coopera en la puesta en agenda de la situación educativa actual, convocando a todos a hacer un cambio en este sentido. La escuela, la tecnología, las currículas y el rol del docente deben ser algunas de las cuestiones centrales de este cambio de paradigma que debemos promover y comenzar a implementar.

Esta transformación tiene un largo camino para recorrer, el punto de partida es un contexto complejo y desafiante, con grandes inequidades y retrasos. Sin dejar de lado el escenario, estos documentos deben ser inspiradores para los gobiernos y para la sociedad civil en su conjunto, no sólo para entender la prisa con la que se debe accionar, sino también para conocer más e involucrarse. Un llamado a la acción que todos debemos atender porque el futuro depende de nuestro trabajo hoy.