

Por: Nicolás Harispe
ARBA tercerizó con un estudio jurídico de La Plata el cobro de deudas, incluso de aquellas fácilmente cobrables y correspondientes a períodos recientes. Se trata de atrasos en el pago del Impuesto Inmobiliario del año 2021, nada que merezca la intervención de tributaristas avezados en temas altamente complejos. Todo lo contrario.
La operatoria es una suerte de privatización parcial realizada sin maquillaje por la gestión que encabeza Cristian Girard. Incluso garantiza una altísima rentabilidad a firmas del estilo "Morosos Incobrables", pero lejos de apuntar contra ese tipo de deudores lo hace contra gente que adeuda períodos que sólo necesitarían una notificación para ser cancelados.
Hablamos de deudas por meses del año 2021, por ejemplo. Y el estudio que sólo envía la intimación se lleva un premio gigante que deben abonar los trabajadores y trabajadores afectados por esa injusta maniobra. Encima la tercerización tiene lugar en un organismo cuya dotación de personal no es para nada escasa y cuyos salarios son de los mejores del estado bonaerense.
Como el "Sistema Girard" afecta a gente que nunca fue notificada de alguna deuda con el fisco, la tasa de rentabilidad de los estudios que funcionan como "intimadores" (o "apuradores") es inmensa, incalculable.
¿Por qué habría de abandonar el estado provincial algo tan básico como el reclamo por pagos atrasados a contribuyentes de clase media o baja?
¿Y por qué castiga a esas familias con un sistema que pone sobre sus espaldas pagos cuantiosos a los letrados "beneficiados" con una operatoria tan oscura?
¿Desde cuándo ARBA le paga a terceros para que reclamen por sus deudas? ¿Y por qué firma convenios con esos abogados que incluyen honorarios tan altos que representan casi la mitad de cada deuda? ¿Nadie de la oposición tomó nota del asunto? ¿Son políticas progresistas las que privatizan acciones o políticas recaudatorias?
A Info Blanco Sobre Negro llegaron varias denuncias sobre esta "cacería" a pequeños contribuyentes, donde quienes disparan son estudios particulares.
Una de ellas se trata de una intimación a un contribuyente del norte del AMBA que dejó de pagar el impuesto inmobiliario en el año 2021. Como adeuda poco más de cien mil pesos recibió una cédula del "Estudio Jurídico Dres. Bayón", de La Plata (no de Bahía Blanca, no de Ramallo).
Lo intiman al pago de 107.585 pesos, pero además le exigen que le "deje" una jugosa comisión por el sólo hecho de haberle enviado el mail. "Los gastos judiciales y honorarios serían de $ 31489 aprox (sic) incluyendo el timbrado para el levantamiento de las medidas cautelares", detallan en la notificación.
Es decir, este trabajador deberá conseguir más de cien mil pesos para saldar su deuda con el estado bonaerense, pero también más de 30 mil pesos para los abogados del estudio privado beneficiado.
"Hace un año que no pago, la verdad es que no me llegan las boletas a mi casa y con mi mujer nos descuidamos, trabajamos más de 9 horas cada uno y no tenemos tiempo de meternos todos los meses en la página de ARBA, además son ellos lo que deberían enviarnos la boleta de pago", detalló en diálogo con este portal uno de los afectados.
Y agregó: "Hace dos meses quise entrar a a la página de ARBA para ver qué pasaba, es decir, para saber por qué no me llegaban las facturas y cuáles meses debía. Pero a la deuda ya la habían judicializado, según me explicó mi contador. Habían quitado la opción 'pagar' hasta que resolviera la intimación y diera respuesta al reclamo insólito de un dinero que encima le tengo que dejar a un estudio jurídico de La Plata. Fue todo tan extraño y sospechoso que ese abogado que me puso ARBA para cancelarme la deuda, y que se lleva un montón de mi sueldo, encima me envía su CBU personal para "destrabar" el caso y que de esa manera pudiera estar al día con el Estado".
"Miren qué negocio. ¿Cómo puede ser que el estado permita esto? ¿Por qué el estado se asocia de esta manera con un estudio de abogados? ¿Acaso no tienen en Arba personal para enviar notificaciones y hacer esa tarea? Me resulta muy sospechoso. Que una empresa privada como Telefónica o Telecentro contraten a firmas como 'morosos incobrarbles' me resulta entendible, o lógico, pero que el estado bonaerense les dé a abogados la oportunidad de quedarse con un equivalente al 30 por ciento de lo que pago es escandaloso", continuó el contribuyente afectado, y concluyó: "Todo este sistema debería ser investigado, no ocurre en ningún país del mundo serio. Me asesoré bien y no hay casos que justifiquen semejante saqueo a trabajadores de clase media. Esto es un curro, ponele el nombre que quieras".